El PSOE propondrá a los grupos tramitar la reforma laboral a través de un proyecto de ley

Los grupos políticos de la oposición tendrán la posibilidad de enmendar el decreto del Gobierno sobre reforma laboral ya que, si así lo quieren, una vez convalidado por el Congreso, se tramitará como un proyecto de ley que permite debate y cambios. Así se ha decidido en la reunión de la ejecutiva federal del PSOE, en la que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció a sus compañeros de ejecutiva esta novedad.

Leire Pajín, secretaria de Organización del PSOE, ha anunciado que era "probable" que el decreto se convirtiera en proyecto de ley. Ella sí conocía esta decisión de Zapatero, que para algunos miembros supuso cierta sorpresa aunque los argumentos que dio el jefe de Gobierno les convencieron.

Por un lado, el Gobierno se adelanta a la hipótesis más que probable de que la mayoría de lo grupos lo pidan y por otro lado, que a los que no les guste la reforma presenten enmiendas y den a conocer cuál es su modelo de reforma laboral. Los grupos podrán plantear modificaciones al proyecto durante su tramitación parlamentaria, que se prolongará al menos hasta el próximo mes de noviembre.

La noticia ha coincidido casi en el tiempo con el anuncio de los sindicatos de la convocatoria de una huelga general, precisamente en rechazo a dicha reforma que será aprobada por el Gobierno el miércoles y sometida a convalidación del Congreso de los Diputados el martes 22.

Según Pajín, la demora en la aprobación definitiva no restaría credibilidad a España ante la comunidad internacional porque, ha argumentado, España está demostrando credibilidad ante los mercados y porque lo que tiene calado es su contenido.

El PP pide concreción

No hay rechazos expresos y globales, pero tampoco apoyos explícitos a la propuesta de reforma laboral del Gobierno por parte de los partidos que podrían apoyar su convalidación en el Pleno del Congreso del próximo día 22 de junio. El Ejecutivo tiene dos días para negociar el texto e introducir cambios para satisfacer a los partidos a los que ha pedido apoyo: PP, CiU, PNV, ERC y Coalición Canaria. La izquierda minoritaria queda al margen por el rechazo de salida a una reforma laboral por decreto que no haya sido consensuada con los sindicatos.

Ya ha habido multitud de conversaciones telefónicas durante el fin de semana y gran parte del problema del Gobierno es que algunas de las peticiones son contradictorias entre sí. El PP mantiene públicamente una posición ambigua a la espera de que el martes se produzca otra reunión entre Cristóbal Montoro, su portavoz económico, y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

Fuentes del PP explicaron ayer a este periódico que, por el momento, consideran que los 41 folios que les ha remitido el Gobierno carecen de concreción y de contenido, por lo que parten de una posición negativa.

Los populares aseguran que han recabado informes de expertos en relaciones laborales, juristas y catedráticos y que la opinión coincidente es que el proyecto de decreto no tiene suficiente claridad y es confuso. El caso más claro, según estas fuentes, es el del despido por causas objetivas. El Gobierno ha explicado que su intención es que se establezca como causa de despido con indemnización de 20 días por año trabajado que la empresa lleve seis meses en pérdidas. Sin embargo, ninguno de estos detalles está en el articulado remitido el viernes por el Gobierno a los grupos.

Corbacho ha explicado durante el fin de semana a varios portavoces que no hay ninguna posición cerrada sobre este extremo, más allá de las informaciones periodísticas. El PP asegura que en la propuesta sí queda claro que limita la capacidad de los jueces para intervenir en esos despidos, pero no en la precisión de las causas que lo permiten.

Otra de las objeciones del PP tiene que ver con la forma de tramitar la reforma laboral. El Gobierno quiere hacerlo por decreto y lo más rápidamente posible, es decir, con una convalidación urgente el 22 de junio y sin que se tramite luego como proyecto de ley. Sin embargo, el PP cree que, dado que la reforma supone una modificación sustancial del Estatuto de los Trabajadores, debería permitirse que se tramitara como proyecto de ley, con posibilidad de incluir modificaciones en el Congreso y en el Senado.

Decretazo

Para eso, los negociadores del PP recuerdan que el Tribunal Constitucional ya anuló el 30 de marzo de 2007 lo que se conoció como el decretazo que aprobó el Gobierno de José María Aznar con una reforma laboral. El Real Decreto ley 5/2002 de 24 de mayo, fue elaborado por el entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, y el Constitucional aseguró expresamente en esa sentencia que no estaba justificada la urgente necesidad de tramitarlo como decreto.

El tribunal sentenció que el verdadero motivo de que Aznar decidiera legislar con urgencia, sin negociar con los agentes sociales y hurtando al Parlamento su principal potestad de legislar, fue precisamente "responder al fracaso de la mesa de diálogo social y a la convocatoria de huelga" hecha justo un día antes por UGT y CC OO. Es decir, similar a lo que ocurre ahora, según el PP.

Curiosamente, entonces el recurso fue presentado por el PSOE, que estaba en la oposición, que rechazaba que la reforma laboral se hiciera por decreto. La sentencia del Constitucional no tuvo ningún efecto práctico, porque tras la huelga general que provocó aquella reforma el texto se suavizó, tramitado como proyecto de ley por el siguiente ministro de trabajo, Eduardo Zaplana. Sin embargo, según el PP, aquella sentencia si sentó doctrina que sería ahora aplicable en caso de nuevo recurso. El Gobierno alegó entonces la "cambiante situación de la economía internacional" y el Constitucional le reprendió invocando el "valor trascendente del diálogo social en nuestro Estado social y democrático de derecho".

El PP quiere también que haya más medidas de fomento del empleo. También expresó ayer una opinión muy negativa el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, quien aseguró en el programa A vivir que son dos días, de la cadena SER, que la propuesta del Gobierno es "un churro".

También el PNV es muy crítico y está condicionado por la huelga general que ya han convocado para el día 29 de junio los sindicatos nacionalistas vascos. Su diputado Emilio Olabarría se reunirá esta mañana con Corbacho y por la tarde lo hará Joan Ridao (ERC).