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El PSOE quiere sancionar a los parados que no hagan cursos desde el primer día

La reforma laboral llega al Senado con 245 enmiendas pendientes

"Los desempleados tendrán la obligación de atender a los cursos o actividades de motivación e inserción laboral desde el primer día que cobren la prestación". Si no lo hacen, serán sancionados. Hasta ahora los desempleados tenían un margen de 100 días para apuntarse a actividades de formación. Esta es la principal sorpresa de las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista en el Senado a la reforma laboral que ahora empieza su tramitación en la Cámara alta. Su aprobación está prevista el próximo 25 de agosto y, con los cambios introducidos, volverá al Congreso para su aprobación definitiva.

La novedad que supone esta enmienda del PSOE sobre los desempleados y la formación está en relación con el objetivo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de incrementar las posibilidades de que el parado encuentre trabajo. "Todas las Administraciones al servicio del desempleado", señaló Zapatero el pasado 27 de julio al hacer balance del curso político.

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Hasta ahora, según la Ley de la Seguridad Social, el desempleado que percibe una prestación contributiva tiene que acudir a las ofertas de empleo desde el primer momento. En el caso de "acciones de mejora de la ocupabilidad" -es decir, cursos de formación o itinerarios de inserción laboral-, el parado puede rechazar estas "acciones" durante los 100 primeros días sin que esto conlleve sanción; a partir de entonces tiene la obligación de hacerlo.

De salir adelante la modificación, el Ministerio de Trabajo podrá sancionar al parado desde el primer día con la pérdida de un mes de prestación hasta la pérdida definitiva, si se repite.

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Durante la tramitación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados, la presión de CiU llevó a introducir una disposición adicional que compromete al Ejecutivo a hacer cambios en "las prestaciones por desempleo con el objetivo de aumentar la vinculación con las políticas activas de empleo". Tras esta expresión se esconde el objetivo confesado del Gobierno de mejorar y ampliar la formación que reciben los parados para que encuentren antes empleo, pero también la de controlar más de cerca y sancionar a aquellos perceptores de prestaciones que rechacen un puesto de trabajo o cursos.

Junto a la enmienda mencionada, los senadores socialistas presentarán otras nueve. Entre ellas, una que persigue aliviar la situación de muchas empleadas de hogar que reciben salarios muy bajos, con el argumento de que el resto (hasta un 30%) lo reciben en especie. La enmienda socialista, también de nuevo cuño, señala que quienes reciben parte de su salario en especie (alojamiento o comida) deberán cobrar en dinero al menos el salario mínimo interprofesional, que en 2010 está fijado en 633 euros mensuales.

También hay modificaciones con respecto al Congreso en las enmiendas socialistas referidas a las agencias privadas de colocación. Su regulación ha abierto el camino de la intermediación a la iniciativa privada, algo que ha desatado la ira de los sindicatos, pues ven en ello el primer paso hacia la privatización de los servicios públicos de empleo. "Se pretende acotar y poner límites con claridad a su campo de acción", señala la senadora Matilde Fernández, portavoz de la reforma laboral en la Cámara alta. Los socialistas proponen que las empresas que quieran desarrollar su negocio en más de una comunidad autónoma requieran el permiso del ministerio y no de una autonomía.

La reforma laboral, a su paso por el Senado, supondrá el intento de los grupos políticos de tratar de sacar adelante lo que no pudieron en el Congreso. De ahí los dos vetos que defenderán ERC e ICV, y 245 enmiendas.

Los sindicatos están en máxima alerta ante los cambios que pueda sufrir la reforma en el Senado. Con el texto que salió del Congreso creen que la huelga está más que justificada y así lo proclamó el portavoz de IU, Gaspar Llamazares. La aprobación definitiva será el 9 de septiembre, 20 días antes de la huelga general convocada por esta reforma.

José Luis Rodríguez Zapatero y el ministro Celestino Corbacho explican la reforma laboral a sindicatos y patronales el pasado febrero.
José Luis Rodríguez Zapatero y el ministro Celestino Corbacho explican la reforma laboral a sindicatos y patronales el pasado febrero.GORKA LEJARCEGI

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