El PSOE retrasa la ley de memoria histórica para convencer a CiU

La ley más polémica de la legislatura, que colea casi desde que comenzó, corre el riesgo de quedar en nada con la disolución de las Cortes para las elecciones. El PSOE y los demás grupos han decidido dejar para septiembre la convocatoria de la ponencia de la Comisión Constitucional que debe tratarla. Entonces habrá aún tiempo, pero los plazos serán ya apuradísimos. El PSOE confía en alcanzar en julio un acuerdo verbal con CiU y garantizar así un fuerte apoyo -sólo ERC y el PP quedarían fuera- para una tramitación relámpago.

La ley más delicada, que ha generado múltiples quebraderos de cabeza en el Gobierno, hasta el punto de que retrasó su nacimiento durante un año y medio, apura el límite. Sólo será aprobada si entra en un pleno del Congreso antes de que lleguen los Presupuestos, que tienen preferencia.

La ley debería salir del Congreso a finales de septiembre o en octubre, para que vuelva del Senado a principios de diciembre, antes de los Presupuestos y de que el Gobierno disuelva las Cortes para convocar elecciones. Un adelanto electoral marcaría su fin. Cuando una norma no se ha aprobado el día de disolución, decae y duerme en el Congreso hasta que alguien quiera recuperarla.

Izquierda Unida, una de las principales promotoras de la reforma, ha intentado forzar que la ponencia se convocara antes del verano para adelantar plazos. "Creíamos que era posible al menos formar la ponencia para dejar clara ante la opinión pública la voluntad de que la ley salga adelante", explica Gaspar Llamazares, coordinador general de IU.

"En cualquier caso, estamos convencidos de que la ley saldrá, aunque sea en el último momento, porque el Gobierno tiene interés en sacarla adelante y sobre todo porque ya ha asumido el coste político más duro, que es el de traer la ley al Congreso y defenderla, con la que armó la derecha, y ahora no tendría sentido dejarla morir", sintetiza Llamazares.

El problema para el Gobierno y el Grupo Socialista, que llevan adelante las negociaciones -dirigidas por Francisco Caamaño, secretario de Relaciones con las Cortes, y Diego López Garrido, portavoz parlamentario- no está en IU, sino en CiU, que se resiste a pactar.

Hasta hace unos meses, el Ejecutivo y el PSOE estaban prácticamente solos en el apoyo a la ley. A nadie le gustaba que se hubiera descartado por completo la anulación de juicios sumarísimos del franquismo, el corazón de la ley. El Gobierno decidió entonces dar un vuelco. Eliminó el consejo de notables que debían conceder una declaración oficial de la injusticia cometida por el franquismo, y aceptó incluir una genérica "ilegitimidad" de los tribunales y las sentencias franquistas.

El problema para el Ejecutivo es que esa reforma, cuyo contenido aprobaba CiU en su mayoría, fue pactada en exclusiva con IU-ICV, que se llevó ese día -hace más de dos meses- la foto, siempre tan importante para los grupos minoritarios, que necesitan rentabilizar cualquier acuerdo. CiU, básica para el Ejecutivo, no se siente comprometida con ese pacto. El PNV, CC, BNG y el Mixto parecen más dispuestos.

Desde entonces, tanto Diego López Garrido como la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega han hecho esfuerzos de acercamiento con el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran, y creen tenerlo convencido. Sin embargo, ante la evidencia de que el pacto aún no está maduro, el PSOE ha pedido a Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional, que espere a septiembre para constituir la ponencia.

"En julio trabajaremos con todos los grupos para cerrar un acuerdo global y si lo logramos la tramitación en septiembre será muy rápida. La ley saldrá", sentencia Diego López Garrido.

El apoyo del PP está descartado, porque considera que la norma "entierra la transición". ERC se quedará con toda probabilidad fuera, porque sus posiciones son muy extremas, según el Ejecutivo. El Gobierno ha hecho un intento de convencer a Joan Puigcercós, pero éste es un asunto que sigue muy de cerca Joan Tardá, que exige la anulación de los juicios.

"Tienen poco margen. Todos los avances que podían conceder los negociaron con IU-ICV. Nosotros estamos dispuestos a pactar, pero tendrán que hacer concesiones y trabajar sobre nuestras enmiendas", resume Jordi Xuclá, diputado de CiU encargado de estos asuntos.

Xuclá y Joan Herrera (ICV), máximo impulsor de la fórmula de la "ilegitimidad", ideada por el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, próximo a ICV, han hablado esta semana de textos para llegar más lejos y lograr una fórmula con claras repercusiones jurídicas, aunque nadie cree en el Congreso que el Gobierno pueda ceder un milímetro más en este asunto.