Pacto genérico de mínimos

El acuerdo sobre la justicia cerrado ayer es un pacto de mínimos, al que le falta aún concreción, incluida la propia renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de año y medio en funciones, y del Tribunal Constitucional, pendiente del nombramiento de cinco magistrados. No se han pactado nombres ni cuotas y ya en abril los portavoces parlamentarios del PSOE y del PP habían pactado abordar la renovación en el mes de julio que ahora termina. Es decir, el acuerdo en realidad aplaza a septiembre ese compromiso sobre el que han de trabajar más aún José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría.

Los criterios acordados para la cuota de cada partido en la renovación del Consejo serán proporcionales al resultado electoral. Se fijó también el compromiso de evitar la politización del órgano de gobierno de los jueces y "garantizar la pluralidad", lo que deja la puerta abierta a los grupos nacionalistas para que tengan capacidad de propuesta. Zapatero anunció que la intención es llevar la paridad también al consejo.

Las otras medidas en materia de justicia fueron exigidas por el PP como condición previa para esa renovación institucional. Han quedado fuera las de mayor calado sobre el modelo judicial y las acordadas son más inconcretas, consecuencia de textos aprobados ya en el Congreso y del llamado caso Mari Luz. Por ejemplo, el Congreso aprobó por unanimidad el 3 de junio una proposición no de ley para elevar las penas a pederastas y crear un registro de condenados.

Fruto del caso Mari Luz también son las medidas para la gestión de la Administración de justicia. El último Consejo de Ministros ya estudió la reorganización de la Oficina Judicial para mejorar su funcionamiento. El ministro de Justicia había anunciado también, y ahora recoge el texto del pacto de la justicia, la interconexión informática de juzgados y la creación de un registro de medidas cautelares. También se acordó incrementar el presupuesto del ministerio durante los próximos cinco años.