El Pacto para la reforma de la Justicia

El punto más polémico de la reforma, en el que se invirtieron meses de tensas negociaciones entre los grupos políticos, al entremezclarse con las discusiones para renovar el Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas. El nuevo modo de elección del CGPJ (vocales seleccionados por las asociaciones judiciales, además de los escogidos por los parlamentarios) se presentó como uno de los grandes logros del Pacto por la Justicia. En el otoño de 2001 se materializó la primera elección a través del nuevo procedimiento.

- Agilización de los procedimientos para evitar la ralentización de las decisiones judiciales.
- Reforma, modernización e informatización de la oficina judicial. Creación de una Carta de Derechos del ciudadano y de oficinas de reclamaciones.
- Redefinición del mapa judicial, de forma que se refuercen con más juzgados y medios los núcleos donde se registran mayores litigios.

- Aumento del número de jueces y magistrados, con mayor preparación jurídica y no jurídica.
- Los ascensos en la carrera dependerán en gran medida de criterios de productividad.
- Limitación del tiempo de permanencia en órganos judiciales especializados.
- Actualización de las retribuciones, reguladas a través de una ley.

Las principales leyes a reformar en virtud del pacto son:
- Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)
- Estatuto y Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal
- Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales
- Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia

Asimismo, se acuerda la elaboración de nuevas leyes:
- Ley de retribuciones de la carrera judicial, prevista en la LOPJ.
- Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sustituya a la centenaria actual. Tratará de dotar al procedimiento penal de mayor agilidad y reforzar la garantía de los derechos de los afectados.
- Ley concursal, que modernice los procedimientos de quiebra y suspensión de pagos en las empresas.
- Ley de arbitraje, que consiga que un mayor número de disputas judiciales se resuelva por acuerdo, sin intervención de un juez.

Tiempo máximo de implantación: 8 años, desde 2001
La dotación presupuestaria fijada en 2001 para lograr los objetivos marcados fue de 250.000 millones de pesetas adicionales sobre la partida destinada cada año a Justicia en los Presupuestos Generales del Estado. Calculado sobre el total que recibió la partida de Justicia en los Presupuestos Generales de 2000, representa un aumento medio anual del 12,5% en ocho años.