19/12/2010
En enero de 1966 dos aviones norteamericanos sufrieron un accidente y algunas de las bombas nucleares que transportaban cayeron sobre Palomares, Almería.
Gran parte de la contaminación fue retirada por las tropas estadounidenses. Pero, 45 años después, sigue habiendo zonas con un grado de contaminación que no es peligroso para las personas, dado el continuo control del terreno y de la población, pero que no permite liberar las tierras para su uso sin restricciones.
Las autoridades españolas vienen presionando para zanjar el problema. Han dedicado, en cooperación con Estados Unidos, cuantiosos recursos materiales y personales en demarcar y proteger las áreas afectadas y en caracterizar la contaminación que contienen. Ahora llega el momento de la limpieza definitiva, y de acordar su financiación y la gestión y el destino de los materiales contaminantes.
EE UU debe retirarlos y proceder como suelen con los suelos de similares características derivados de su programa nuclear militar. No exhiben entusiasmo por esta idea. Pero sus obligaciones son evidentes. En el caso de la contaminación por la fuga de petróleo de BP en las costas norteamericanas, con costes muy superiores a los asociados a la limpieza de Palomares, se han mostrado intransigentes en el principio de que quien contamina paga y se lleva lo contaminado. Es lo que se les exige también en este caso.
No es legítimo que se escuden en la complacencia de los Gobiernos de la época del accidente, carentes de autoridad y legitimidad moral para mostrar firmeza ante Washington. Los vecinos de Palomares han sufrido demasiado los inconvenientes de un accidente en el que ni ellos ni el resto de los españoles tuvieron la menor responsabilidad.
Llegados a un punto en que se vislumbra la solución definitiva, es imprescindible ponerla en marcha y que el Gobierno de EE UU asuma su responsabilidad.
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