Pagos con fines altruistas

Sólo cuatro de los 19 empresarios imputados en la Operación Troya reconocieron al juez durante los interrogatorios que habían realizado pagos extras más allá de las tasas que conlleva la solicitud de una licencia de obras, pero nunca admitieron que se tratara de sobornos sino de supuestos fines de interés público.

Juan Guerrero, a quien se autorizó a construir 10 viviendas en un solar donde sólo se permitían tres, pagó 48.720 euros "para organizar una corrida de toros". Pedro Martín Plaza, que pudo convertir su caseta agrícola de 120 metros cuadrados en suelo no urbanizable en vivienda unifamiliar, colaboró con la cantidad de 6.000 euros para "patrocinar un equipo de fútbol". Esa es la explicación que da al hecho de que figure también entre los pagadores de comisiones en la lista intervenida en los registros al concejal de Urbanismo.

Jorge Sánchez López es promotor a título personal de un edificio de 68 viviendas. Inicialmente, la licencia sólo le permitía la construcción de 58. Éste explicó al juez que el pago de 120.000 que figura en la lista del concejal de Urbanismo se debe una conversación telefónica en la que Guerra le preguntó por lo que costaría arreglar una calle en mal estado: "le contesté que unos 100.000 euros, más o menos".

La única persona que hace mención directa al pago de cantidades bajo mano es Manuel Carlos Días Mayo, administrador de La Arquilla S.L, quien reconoció al juez la posibilidad de haber pagado "alguna cantidad". Aunque dijo que no le "sonaban" las cifras de pagos efectuados y pendientes de un total de 70.720 euros que constaban en el ordenador de Guerra.