Pocos fondos y un calendario estrecho

A pesar de que el presupuesto para la Ley de Dependencia se ha incrementado por encima de lo previsto en la memoria económica, al Gobierno le surgen críticas por los flancos más inesperados. Ocurrió con sus socios republicanos en la Generalitat catalana, que reclamaron una revisión de la financiación, algo a lo que se sumó al poco el presidente José Montilla. Los nacionalistas gallegos, también socios de los socialistas en esa comunidad, se quejaron del presupuesto que les llega para implantar esta ley y exigieron un cambio en los criterios para el reparto del dinero. Y algo parecido ocurrió en Baleares. Por tanto, las críticas habituales de las comunidades gobernadas por el PP se han ido extendiendo. Además del dinero, les ahoga un calendario de implantación demasiado estrecho.

A principios de octubre, el PSOE apoyó en el Congreso una moción de CiU para que un grupo de independientes revisara el funcionamiento de la ley, desde el sistema informático, fuente de múltiples quejas, hasta los apuros económicos.

En 2007 hubo 400 millones; para 2008 se presupuestaron 871 (casi 300 más de los previstos) y 1.158 para 2009, un 33% sobre lo escrito. Y aún falta. Está previsto que el coste de la dependencia se pague a escote entre comunidades, gobierno y beneficiarios. Pero lo que no pueden las pensiones de los ancianos lo están aportando las comunidades.