El Poder Judicial dice que no tolerará una huelga de jueces

El Consejo del Poder Judicial "no va a tolerar ninguna actuación ilegal" y "tomará las medidas oportunas" si los jueces hacen huelga o rechazan tramitar los asuntos que superen sus módulos de trabajo. Así lo explicó ayer la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, en alusión a los acuerdos de ir a la huelga en febrero aprobados el viernes por las juntas de jueces de Extremadura y Murcia. Bravo también consideró de "dudosa legalidad" la decisión de la mayoría de las juntas de jueces de no asumir asuntos por encima de los módulos, que marcan el trabajo que debe asumir cada juzgado.

Bravo entiende inimaginable que se declare en huelga uno de los tres poderes del Estado y advirtió de que tampoco cabe poner límites a los asuntos porque ello causaría una "grave afectación del servicio y una merma de la tutela judicial efectiva" de los ciudadanos. Tras el pleno del Poder Judicial celebrado ayer, Bravo explicó que el Consejo está recabando las actas de las juntas de jueces para conocer sus contenidos, si bien subrayó que no se actuará a priori.

"Sentido común"

Como declaración institucional, señaló: "El Consejo confía (...) en el sentido común de los jueces (...) para que la celebración de las Juntas no afecte a los señalamientos ni a las actuaciones judiciales (...)". Se refería a las numerosas juntas de jueces (consideradas huelgas encubiertas) convocadas el pasado viernes por gran parte de los decanatos españoles y que fueron una continuación de la protesta masiva que hace un mes desarrollaron jueces y secretarios. Los primeros, para pedir más medios; y los segundos, en protesta por la sanción de dos años impuesta por el Ministerio de Justicia a la secretaria del juzgado que tramitó el caso Mari Luz.

Bravo, que opina que "ni jueces ni fiscales tienen reconocido el derecho de huelga", eludió concretar qué tipo de actuaciones disciplinarias se podrían acordar si la huelga se materializase. Muchos jueces sostienen que, si bien hay un precepto que les veta el derecho de sindicación, no hay ninguno que les prohíba desarrollar una huelga.

El Consejo entiende que no caben medidas de presión porque hay "una voluntad" clara del Consejo y del Ministerio de Justicia de solventar los problemas que, admitió, aquejan a la justicia, pero que no son de "ahora", sino que se vienen "arrastrando desde hace muchos años".