El Poder Judicial se presenta muy dividido ante los nombramientos de altos cargos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) iniciará hoy su sesión plenaria en medio de grandes incertidumbres. La negociación que mantuvieron en la tarde-noche de ayer los vocales progresistas y conservadores acabó sin acuerdo respecto a los nombramientos de los presidentes de tribunales superiores de algunas de las principales comunidades autónomas: Andalucía, Valencia y Cataluña. Los vocales tienen intención de hacer algún nombramiento de los previstos, por ejemplo el de Canarias, pero previsiblemente no habrá acuerdo para las presidencias antes citadas.

Estaba casi todo pactado hace meses, hasta que la vocal progresista Margarita Robles, juntos con su grupo de afines, muy especialmente Félix Azón e Inmaculada Montalbán, rompió la tradición de prorrogar los primeros mandatos de los presidentes de tribunales superiores guiada por su empeño de colocar en ese cargo a Miguel Ángel Gimeno, miembro de su facción en la Asociación Jueces para la Democracia. Y todo esto contra lo inicialmente previsto, que pasaba por aprobar la continuidad de María Eugenia Alegret. Robles, uno de los vocales en quien pensaba el ministro de Fomento, José Blanco, cuando admitió la equivocación del PSOE en algunas designaciones, suele pactar casi todos los nombramientos con los conservadores Manuel Almenar y Fernando de Rosa, vicepresidente del poder Judicial.

Ella se encarga de reclutar los vocales suficientes en las filas progresistas y los une a los votos de los conservadores, más compactos, hasta alcanzar la mayoría cualificada de 13 votos necesaria para el posterior reparto de altos cargos judiciales. Su opción por Gimeno ha trastocado muchas cosas. Hasta el punto de que es probable, salvo imprevistos consensos de última hora, que Juan Luis de la Rúa, que ya tiene sobre la mesa de su despacho el caso Gürtel, con el presidente valenciano Francisco Camps implicado en un delito de cohecho pasivo e informes de la fiscalía que hablan de financiación ilegal del PP de la comunidad, continúe en el cargo tras cuatro infructuosos intentos de relevarlo y después de más de un año como presidente en funciones. Los conservadores quieren esta plaza a toda costa. Y tienen dos candidatos: Pedro Castellano, muy contestado por los progresistas, y Pilar de la Oliva.

La designación del presidente del Superior de Andalucía está aún lejos de ser cubierta. El candidato previsto por los progresistas era Lorenzo del Río, moderado, de la Asociación Francisco de Vitoria, pero el asunto se ha complicado. Dos vocales conservadores, andaluces, Antonio Dorado y Pío Aguirre, quieren que el nuevo presidente sea de la Asociación Profesional de la Magistratura, a la que ellos son afines y que, argumentan, cuenta con su mayor filón de asociados en esta comunidad. La terna para Andalucía la configuran los magistrados Francisco Javier Arroyo, Joaquín García Bernaldo de Quirós y Lorenzo del Río.

Si el Consejo hace hoy algún nombramiento será, previsiblemente, renovar por otro mandato al actual presidente del Tribunal Superior de Canarias, el progresista, Antonio Juan Castro Feliciano. Y también cabe, aunque no será fácil, que sean renovados los actuales presidentes de los tribunales superiores de Castilla y León, José Luis Concepción, al que le ha salido una fuerte competidora, María José Renedo; y de Castilla-La Mancha, con Vicente Manuel Rouco. También compite el presidente de la Audiencia Provincial de Albacete, Eduardo Salina.