Preocupación en Exteriores y Justicia por el viaje a Irak del juez del 'caso Couso'

El Gobierno está preocupado por la seguridad del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y de los abogados, funcionarios y testigos del caso Couso durante la inspección ocular que tienen previsto realizar en unos días en los escenarios en que se produjo la muerte del cámara de Telecinco en Bagdad. Justicia ha enviado un escrito al juzgado en el que reitera "los riesgos" de esa diligencia al no existir compromiso de colaboración de Irak para proteger a la delegación. Pedraz ha recordado a las partes y testigos que su desplazamiento a Irak es "voluntario". La familia Couso, por su parte, acusa al Ejecutivo de obstaculizar la investigación.

El director general de Asuntos Consulares se reunió ayer con el embajador de Irak en Madrid para pedirle que preste todo su apoyo a la comisión judicial tanto para garantizar la seguridad de la comisión judicial como para la autorización de visados.

Hasta el momento, ni los abogados ni los testigos han logrado la autorización para viajar a Bagdad y las autoridades iraquíes no han garantizado la protección de los desplazados ni esta puede ser prestada por la Embajada de España, porque, según Exteriores, no dispone "de medios propios en aquel país para garantizar la seguridad de 17 o 18 personas", contabilizando escoltas y periodistas.

El Ministerio de Justicia mantiene que, a pesar de esta inquietud, ha colaborado en todo lo que el magistrado de la Audiencia ha solicitado. Y no sólo en estos días. El Ministerio ha elaborado un cronograma de 14 puntos con todas las gestiones efectuadas. Desde sus primeras solicitudes de información a Exteriores en 2008, a las aprobaciones en el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de la comisión de servicios para desplazarse al lugar de los hechos. También se destaca que se han adquirido los billetes y hoteles de Pedraz, la secretaria judicial, la funcionaria que los acompaña y los cuatro periodistas testigos en el caso -Jon Sistiaga, Olga Rodríguez, Carlos Hernández y Jesús Quiñonero-. El ministerio asegura que también ha requerido a Bagdad para que facilite el resto de autorizaciones para viajar e incluso negoció con la empresa propietaria del hotel Palestina (el lugar desde el que Couso tomaba imágenes cuando recibió el disparo mortal) para facilitar la visita de la delegación española.

El escrito enviado por Justicia a la Audiencia, firmado por la directora general de Cooperación Jurídica Internacional, Aurora Mejía, expresa la "altísima preocupación" del ministerio "ante la inexistencia de un dispositivo de seguridad suficiente para desplazar por una zona de alto riesgo a tan amplia delegación".

El documento, sin embargo, no ha amilanado al juez Pedraz, que ha reiterado que la inspección ocular se practicará, aunque ha permitido que las partes y testigos no participen en ella si no lo desean. Su presencia será "totalmente voluntaria".

Esa diligencia, que incluye, además de la visita al hotel Palestina, la del puente Jamurohaora (desde el que un tanque de EE UU realizó el disparo) y las sedes de las televisiones Al Jazeera y Abu Dhabi, fue ratificada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la resolución que ordenó reabrir el caso después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia le diera carpetazo por segunda vez. El desplazamiento, además, ha sido autorizado por el Poder Judicial.

La familia Couso calificó el escrito de Justicia de "advertencia" y lo consideró "un grave intento de intimidar a los integrantes de la comisión judicial". En un comunicado recordaron que sus integrantes son nueve (juez, secretaria, cuatro testigos y tres abogados) y no 17 o 18, como mantiene el ministerio.