Preocupación en Génova por las sospechas de pagos irregulares al partido
Después de unos días de euforia por las elecciones gallegas, la primera reacción en el PP por el auto de inhibición del juez Baltasar Garzón era de satisfacción. El caso pasa ya a tribunales superiores de la Comunidad Valenciana y de Madrid que, a juicio de los dirigentes consultados, son mucho menos agresivos con el PP de lo que lo ha sido el juez Garzón. Era la noticia que todos en el PP estaban esperando: que el caso pase a otros jueces, algo que por de pronto retrasará el proceso y le alejará del foco informativo.
Esta era la primera reacción a la noticia. Pero en cuanto se conocieron los detalles de los dos autos de Garzón la preocupación se fue instalando entre los dirigentes populares. Lo que más les inquietaba anoche era la acusación de financiación ilegal del PP valenciano que el juez detalla en su auto, con facturas A y B (sin control fiscal) del congreso de 2002. Varios de los consultados creen que eso es mucho más complicado de gestionar políticamente que los regalos de trajes al presidente valenciano, Francisco Camps. La oposición exigirá sin duda una comisión de investigación y el caso es difícil de parar, admiten las mismas fuentes.
Por otra parte, también preocupa mucho el deterioro de la imagen de Camps. Aunque la historia de los trajes pueda tener más o menos consistencia -los populares creen que el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, con un presidente elegido cuando el PP controlaba el Consejo del Poder Judicial, echará atrás el caso-, los detalles del regalo de trajes para visitar al Papa o para una recepción en Nueva York será la comidilla de los medios y hará mucho daño a Camps.
Camps no dijo la verdad
A costa de no hacer ruido, no comparecer ante la prensa y controlar férreamente la televisión autonómica había conseguido cuidar su imagen.
El auto judicial muestra además que Camps no dijo la verdad cuando aseguró que había devuelto todos los trajes y que Álvaro Pérez, jefe de Orange Market, no le había regalado ninguno.
Anoche, una portavoz de Mariano Rajoy indicó que, tras conocer el auto, la dirección mantiene su "confianza absoluta" en Francisco Camps y considera que los hechos detallados no son proporcionados a las gravísimas imputaciones que se hacen contra el presidente valenciano.
Menos preocupación había en el PP por Ricardo Costa, secretario general valenciano. Cuando saltó su nombre, se pensó que podía estar implicado en la financiación ilegal, pero al saber que también estaba en el auto por los trajes, su entorno se tranquilizó porque él está seguro de haber pagado las facturas.
