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Protesta contra la exigencia de catalán en la sanidad balear

Más de 1.500 personas, la mayoría médicos y enfermeros de los hospitales públicos de Baleares, se concentraron ayer en Palma, Mahón, Ibiza y Formentera para "rechazar la imposición" del conocimiento de un nivel elemental de lengua catalana a los nuevos funcionarios del sector. Esa exigencia fue aprobada el lunes a través de un decreto por el Gobierno de centro izquierda; el martes, estableció una moratoria de tres años para que quienes logren los empleos acrediten su nivel lingüístico.

El PP balear secundó la protesta. Su líder, Rosa Estarás, acudió a la manifestación de Palma acompañada de otros dirigentes. Los sindicatos profesionales de médicos y de enfermería (enfrentados al consejero, Vicenç Thomàs, del PSOE) afirmaron que hubo más de 3.500 manifestantes en la capital balear, pero la Policía rebajó la cifra a 2.200.

Por primera vez desde 2002, cuando la comunidad autónoma asumió las competencias en Sanidad, este año se efectuará un proceso de selección para 4.000 nuevos empleos. A partir de ahora, para ocupar una plaza fija en la Sanidad, desde los médicos hasta los auxiliares de cocina deberán demostrar un nivel B de conocimiento elemental, oral y escrito, de la lengua catalana. En Baleares hay 15.000 funcionarios de Sanidad, 2.500 de ellos médicos. El colectivo con plaza fija queda al margen de la nueva norma.

Los denominados certificados B (a los demás funcionarios se les exige un nivel superior) serán requeridos a los licenciados en Medicina y a los cocineros, mientras que el nivel A, que sólo constata los conocimientos orales, será exigible a auxiliares de enfermería y administración, celadores y lavanderos.

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