Pumpido reclama un cambio legal para que la instrucción pase del juez al fiscal

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, abogó ayer en su discurso de apertura del Año Judicial por una reforma en profundidad del proceso penal español en el que se atribuya la investigación a los fiscales y avanzó que volcará su esfuerzo en la formación de los fiscales "para llegar al futuro, en lugar de pararnos a esperar a que el futuro nos llegue".

La fiscalía reclama una reforma "definitiva" de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para adaptarla definitivamente "a la democracia". El fiscal general del Estado incluye esta petición en su memoria de actividades sobre el año 2007, y sugiere, aunque sin decirlo expresamente, que debe caminar hacia la asunción por parte del ministerio público de la fase de instrucción, de forma que el juez, el actual encargado de la dirección de las pesquisas, sea convertido en un juez de garantías, cuyo papel sería el de velar por el respeto de los derechos de las partes en el proceso.

"La fiscalía está en condiciones de asumir las funciones y, sobre todo, las responsabilidades inherentes al papel que corresponde al ministerio público en las legislaciones más desarrolladas de nuestro entorno", escribe Conde-Pumpido. Es el caso concreto de Italia, donde los fiscales sí dirigen las pesquisas.

Hace ahora seis meses, Conde-Pumpido se encontró con una rebelión de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, tras haber emitido una instrucción en la que facultaba a los fiscales a "ordenar a la Policía Judicial la práctica de diligencias concretas referidas a aspectos puntuales de la investigación con el objeto y la obligación de aportarlas a la causa". Es decir, a solicitar pruebas paralelas a las pedidas por el juez.

Ayer recibió el apoyo del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien aseguró a EL PAÍS que "el Gobierno escucha con atención todo lo que dice el fiscal general del Estado, y coincide en que es necesario superar el modelo actual de juez de instrucción para adaptarlo a la Constitución". En su comparecencia en el Senado la pasada semana, Bermejo precisó: "La meta está en el artículo 117 de la Constitución, y es que tengamos de verdad un juez que juzgue y que haga ejecutar lo juzgado".

El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, por el contrario, consideró "muy desafortunado" que Conde-Pumpido incluyera en su discurso una referencia a la instrucción de los fiscales. El PP ha rechazado siempre esta posibilidad y consiguió que el PSOE no la incluyera en el Pacto de la Justicia, por lo que Trillo dijo estar "sorprendido" de que "el fiscal desconozca que hay un acuerdo entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición con unas prioridades sobre la Justicia que no son las que sacó a relucir ayer Conde-Pumpido en un acto ante el Rey y las autoridades judiciales". En su memoria sobre 2007, el fiscal general del Estado también reclama las siguientes reformas:

- Reforma de la Audiencia Nacional. El fiscal general pretende que el Gobierno acometa la reforma de la Audiencia Nacional mediante la especialización de sus órganos, de modo que los asuntos de terrorismo, grandes delitos económicos o narcotráfico y blanqueo de dinero se lleven en Juzgados y Salas distintos. También aboga por la "definitiva especialización" de la Fiscalía y por la "implantación de un despliegue territorial más operativo y eficiente".

- Violencia machista. Se propone que se incluyan los "casos en los que un hombre desea tener una relación sentimental con una mujer y ésta no lo acepta", dado que al no existir relación sentimental previa no se puede aplicar al agresor las penas previstas en el Código Penal para los casos de violencia de género.

- Pornografía infantil. Se solicita el agravamiento de las penas en los casos de tenencia de pornografía infantil para consumo propio, ya que se ha constatado que quien comienza como mero consumidor a menudo se convierte en productor o distribuidor de este material.