Un luchador por los derechos humanos desde la democracia cristiana y el socialismo
De 36 años de edad, casado y con dos hijos -de once y nueve años-, Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo ("el segundo apellido no lo utilizo apenas, porque ya el primero es bastante largo" dice), nuevo ministro de Administración Territorial, procede en lo profesional de la Universidad y de la abogacía y, en lo político, de ese sector de la democracia cristiana vinculado a Joaquín Ruíz Giménez, que desembocó al comienzo de la transición en el PSOE y que se caracterizó por la lucha en favor de los derechos humanos.El joven ministro ganó las oposiciones a profesor de Derecho Administrativo y de Derecho en los medios audiovisuales, en la Universidad de Madrid. En 1968 inició su contacto con la revista Cuadernos para el diálogo, de la que fue asesor jurídico, y se especializó, como abogado, en cuestiones de derecho administrativo. En particular, defendió a algunos periódicos, como el desaparecido diario Madrid, frente a sanciones impuestas por la Administración. También actuó ante el Tribunal de Orden Público en defensa de los derechos humanos.
En junio de 1976 realizó un viaje a Latinoamérica para interesarse por los ciudadanos desaparecidos en algunos países con régimen dictatorial. Realizó aquél viaje junto al hoy presidente del Senado, José Federico de Carvajal, por encargo de la Federación Internacional de Derechos del Hombre y el Movimiento Internacional de Juristas Católicos. En esta etapa, y hasta ayer mismo, Tomás de la Quadra-Salcedo ha trabajado en el despacho de abogados que dirigió Gregorio Peces- Barba, integrado por un equipo ideológicamente plural, pero vinculado por una gran amistad.
El nuevo ministro hizo sus primeras armas políticas en la Facultad de Derecho, en oposición al SEU. Después se integró en la organización democristiana de Ruiz Giménez y al comienzo de la transición colaboró con la Junta Democrática, hasta que, en diciembre de 1976 se incorporó al PSOE.
Asesoró al grupo de senadores socialistas que planteó recurso contra el Estatuto de Centros docentes, que el Tribunal Constitucional estimó en parte. En los trabajos previos a los pactos autonómicos de julio de 1981 participó en la comisión de expertos que elaboró el denominado informe García de Enterría, del que después arrancaría la Ley Orgánica de Armonización del proceso Autonómico (LOAPA). En víspera de su toma de posesión, Tomás de la Quadra-Salcedo declaró a EL PAIS que "la construcción del Estado de las autonomías es una necesidad histórica que hay que asumir, porque es parte consustancial de la Constitución".
