Quién es quién en la trama

Actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior, ha ido escalando posiciones desde la alcaldía de Valdemoro a la secretaría general del PP de Madrid y al departamento de Presidencia del Gobierno regional para, más tarde, heredar el cargo que deja libre la salida de Prada, al que aspiraba también Ignacio González. Su departamento dirige a los ex agentes supuestamente dedicados al espionaje político en la región, aunque ha negado tajantemente la existencia de la trama.

El número dos del Gobierno de Madrid fue objeto de seguimientos parapoliciales entre abril y mayo de 2008, en plena crisis del PP tras la derrota electoral. Fue espiado no sólo en Madrid sino también en un viaje a Cartagena de Indias (Colombia) y está documentado con imágenes. Es vicepresidente primero y portavoz del Gobierno y aspiraba a la cartera de Prada al igual que Francisco Granados, con quien mantiene una tensa relación.

Vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, fue el segundo espiado del que dio cuenta EL PAÍS. Fue seguido en sus desplazamientos entre abril y mayo de 2008, unos meses en los que el equipo del alcalde respalda a Rajoy para que continúe al frente del partido tras perder las elecciones. Cobo ha confirmado que los datos publicados por EL PAÍS "son exactos" y ha denunciado ante la Fiscalía de Madrid.

Sufre seguimientos entre abril y mayo de 2008, cuando era consejero de Justicia. En esos meses, apoya la continuidad de Rajoy al frente del partido frente a los que piden su cabeza, liderados por Aguirre. En junio de 2008, sólo un año después de haber formado gobierno, la presidenta regional lo remodela para relevar a Prada junto a otro fiel a Rajoy, Manuel Lamela. En el Congreso del PP de Valencia, tres días antes de la crisis en el Ejecutivo madrileño, Prada entró a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional a propuesta de Rajoy y Lamela fue elegido como miembro. También vigilan en las mismas fechas al director de seguidad de la Consejería de Justicia, Juan Carlos Fernández, que dependía de Prada.

El histórico dirigente del PP Álvaro Lapuerta, tesorero del partido, alertó a Rajoy en mayo de 2008 de la existencia de un caso de espionaje político en Madrid. El propio Lapuerta estaba siendo vigilado, a su juicio por sus críticas a adjudicaciones sospechosas del Gobierno regional, y sus sospechas recaían en elementos parapoliciales al servicio de altos cargos de la Comunidad de Madrid.

Diputada autonómica del PP, su nombre y la matrícula de su coche figuran en uno de los partes del servicio de espionaje. El documento señala que el 27 de mayo come en el restaurante O Cruceiro, aunque ella lo niega. Este informe muestra que el aparato parapolicial marcó a personas que creían, con o sin motivo, que tenían relación con los espiados.

En contra de la línea oficial del PP de Madrid, que habla de un "gran bulo" orquestado contra Aguirre, el alcalde de Madrid ha dado credibilidad a la trama desde el principio y ha acusado a Granados de tener "un cuerpo parapolicial" ilícito, puesto que la Comunidad de Madrid "no tiene competencia en seguridad". Este posicionamiento enojó a Aguirre, que le llamó a capítulo.

Cuando estalló el escándalo, respaldó a Aguirre: "Me ha dicho que ni ella ni ninguno de sus colaboradores tienen conocimiento del asunto y yo les creo". Pero la negativa de la presidenta a investigar, sus intentos de negarlo todo y sus amenazas con los tribunales le han convencido de la necesidad de intervenir. Ordenó a María Dolores de Cospedal abrir una investigación para esclarecer el escándalo de los espías y depurar "responsabilidades". De Cospedal es, a la sazón, discípula de Aguirre.

"¿Y usted por qué hace caso a EL PAÍS?", dijo la presidenta regional al ser preguntada por el asunto por primera vez. No compareció hasta el cuarto día y lo hizo para negar tajantemente que los seguimientos hayan sido ordenados por el Gobierno regional y realizados por personas a sueldo de su administración. Además de poner la mano en el fuego por sus consejeros, amenazó con los tribunales a EL PAÍS y a cualquiera que crea que la trama se gesta en la Consejería de Interior.

Ex jefe de escoltas de Esperanza Aguirre, fue director de Seguridad cuando se hicieron los espionajes (de mayo de 2006 a julio de 2008). "Entra nuestro director, Sergio", se dice en un informe. Su mano derecha es Miguel Castaño, ex subdirector general. Aparece supuestamente citado en esos informes como "Miguel".

Ex jefe superior de Policía de Madrid y actual director general de Seguridad de la Consejería de Interior. Sustituyó a Gamón después del escándalo por el robo de un ordenador de Juan Carlos Fernández, el responsable de seguridad de Prada, al día siguiente de que el consejero fuera destituido.

Responsable de un equipo de investigación a las órdenes de Francisco Granados. Es asesor de Seguridad, ex jefe de Seguridad de Iberdrola y fabricante de dossiers, uno de ellos para desprestigiar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con información falsa, según una sentencia judicial de enero de 2008.

El gerente del Canal de Isabel II es, hasta ahora, el último afectado por la trama. También ha sido objeto de espionaje. La SER adelantó el contenido de un dossier sobre el patrimonio privado de De Miguel, hombre de confianza de Ignacio González en la compañía pública que quiere privatizar el Gobierno regional. El documento consta de 32 páginas que se centran en la supuesta fortuna del hombre y en su vida privada: entre ellos los domicilios que los presuntos espías creen que ha ocupado e incluso las propiedades que están a nombre de su esposa.