Rajoy contrata como asesor a un imputado por corrupción en 'Gürtel'

El caso Gürtel, cuyos efectos políticos remiten y tienen más tranquilo al PP desde que se archivó temporalmente la imputación de cohecho contra Francisco Camps, sigue generando contradicciones de todo tipo en el partido. Hace semanas se criticaba internamente que mientras Víctor Campos, ex vicepresidente valenciano, había sido suspendido de militancia, Camps, imputado por el mismo asunto de los trajes, no recibió ese trato. Y también que Esperanza Aguirre había obligado a dimitir a sus cargos implicados antes de que fueran imputados -aunque conservan su escaño- mientras Mariano Rajoy esperó hasta el final para forzar la dimisión de su tesorero, Luis Bárcenas.

Pero hay más contradicciones. El ex alcalde de Pozuelo (Madrid) Jesús Sepúlveda, uno de los principales imputados en Gürtel -el juez y los investigadores le atribuyen comisiones de al menos 422.992 euros, y regalos de un todoterreno, un jaguar y una pantalla de plasma, unas acusaciones que él ha negado reiteradamente- vive de alquiler en una casa de casi 500 metros cuadrados en La Finca, una lujosa urbanización de Pozuelo, el municipio de renta per cápita más alta de España, en la que también viven famosos y futbolistas muy conocidos.

Sepúlveda ha sido suspendido cautelarmente de militancia por su implicación en Gürtel. Sin embargo, después de dejar la alcaldía -sigue de concejal- habló con Rajoy, según admite él mismo, y le pidió reincorporarse a su puesto de trabajador del partido, que abandonó cuando fue elegido senador y después alcalde.

Rajoy le dijo que no había problema, y Sepúlveda ha vuelto por tanto a estar en la nómina del PP como asesor, aunque de momento está "a disposición del partido" y sin una atribución específica, según explica, a la espera de que se resuelva su imputación.

El ex alcalde de Pozuelo, un hombre de la vieja guardia muy cercano a José María Aznar, asegura que él era funcionario del PP -antes AP- desde 1982 y que pidió una excedencia cuando se marchó a cargos públicos, por lo que tenía derecho a reincorporarse. El PP funciona prácticamente como una empresa, y decide a quién contrata sin concurso público y con qué empresas trabaja, por lo que nunca ha tenido que explicar su relación con la trama de Francisco Correa, durante mucho tiempo uno de los principales proveedores del partido.

Sin embargo, casi el 90% de los ingresos del PP (hasta 90 millones de euros anuales cuando hay elecciones), como sucede con los del PSOE, provienen de subvenciones públicas, ya que las cuotas de afiliados sólo cubren una pequeña parte de los gastos.

En el partido estos días se comenta también otra contradicción. Luis Bárcenas, que después de que el Tribunal Supremo pidiera formalmente su suplicatorio al Senado, a finales de julio, fue destituido como tesorero, según explicó el PP en una nota, conserva su despacho y su secretaria en la planta sexta del partido, en la calle de Génova, y lo utiliza con frecuencia. Al menos cuatro fuentes distintas aseguran que sigue funcionando como antes, asesorando en asuntos propios de su anterior cargo, que ahora formalmente lleva Cristóbal Páez, el gerente, un hombre de su absoluta confianza.

El PP anunció que el puesto de Bárcenas no sería sustituido y, por tanto, formalmente no tiene tesorero. Pero estas mismas fuentes aseguran que lo único que realmente ha cambiado es que en el despacho de Bárcenas se ha retirado el cartel de la puerta que ponía "tesorero nacional".

Los populares y el propio Bárcenas están convencidos de que el Supremo acabará archivando su caso, porque el cohecho es difícil de probar ya que él no era un funcionario público que tomaba decisiones de contratación, sino un senador, y el delito fiscal estaría prescrito. En esa convicción, los populares, que atraviesan un buen momento en las encuestas, cada vez son más optimistas sobre el futuro político y judicial del caso Gürtel. Este periódico se puso en contacto con el PP para recabar su versión, pero la formación rechazó hacer comentario alguno.