Rajoy cortó con Correa porque exigía contratos en nombre de la tesorería

Álvaro Lapuerta hizo cortar las relaciones del PP a nivel nacional con su principal proveedor electoral, Francisco Correa, presunto jefe de la trama corrupta desarticulada el pasado viernes. Sucedió en junio de 2004, cuando Lapuerta era tesorero nacional del partido. Lapuerta tomó esa decisión, que avaló Mariano Rajoy, tras conocer que Correa estaba exigiendo, en nombre de su departamento, la adjudicación de contratos a sus empresas a alcaldes madrileños populares, según confirman altos cargos del partido. Ésa es, precisamente, la sospecha que alimenta la investigación que ha culminado ahora el juez Baltasar Garzón al desarticular la presunta trama corrupta que dirigía Correa: que captaba contratos públicos mediante tráfico de influencias en municipios del PP.

Lapuerta reunió a los alcaldes susceptibles de haber sido tocados

Correa fue declarado persona no grata en Génova en 2004

Siguió siendo contratado por Gobiernos autónomos del PP

De hecho, la información inicial sobre la trama fue brindada por cargos del PP, que en noviembre de 2007 aportaron a la policía y a la Fiscalía Anticorrupción su denuncia y pruebas sobre los manejos de esta red. La investigación se alargó durante más de un año y acumula abundantes grabaciones. Ese material aporta abundante información sobre las maniobras de Correa, pero también aparentes datos comprometedores que dice conocer de otros personajes.

Grifo cerrado

Así, en diciembre de 2007 afirmó en una conversación lo siguiente sobre Luis Bárcenas, entonces gerente y hoy tesorero del PP. "A Bárcenas yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas, yo Paco Correa, a Génova y a su casa". No aportó ninguna prueba de tal acusación. Bárcenas tacha la declaración de "absolutamente falsa y calumniosa". Y sus colaboradores explican cuál puede ser la razón de tal inquina: Bárcenas formaba parte del equipo de Lapuerta que forzó que se le cortara el grifo de contrataciones para las campañas del PP en junio de 2004. Tras conocer la denuncia de que presionaba a alcaldes madrileños para exigir contratos en nombre de la tesorería nacional del partido, Lapuerta organizó en Génova, 13 una reunión con los regidores susceptibles de haber sido tocados. Todos confirmaron la información recibida en la dirección del partido. A partir de ese momento, Correa fue declarado persona no grata y sus empresas dejaron de prestar servicios electorales al PP nacional.

Obviamente, como gerente, Bárcenas ha tenido una "relación fluida" con Correa durante los más de doce años que éste monopolizó la prestación de servicios al partido. Pero hay algo que avala la versión del entorno de Bárcenas: Correa, en sus conversaciones grabadas, denigra con frecuencia a cargos del partido susceptibles de haber chocado con sus intereses. Así, se jacta de poseer informaciones comprometedoras, que niegan los afectados, sobre el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, o el ex regidor de Majadahonda Guillermo Ortega. Casualmente, dos municipios donde ha tenido contratos y donde debería haber dejado de captarlos desde 2004, tras el veto del PP nacional, año en que Correa se convirtió en un apestado para el equipo de Rajoy. Hasta el punto de que cuando el PP iba a celebrar su congreso en Valencia, en junio de 2008, donde se debatía el liderazgo por el partido entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, el equipo de Lapuerta y Bárcenas fueron tajantes: Correa no podía organizar el acto. Y no le permitieron ni concursar, con el pleno respaldo de Ángel Acebes, secretario general. A partir de ahí, las empresas de Correa siguieron funcionando gracias a contratos en Administraciones donde aún les quedaban contactos de su etapa de esplendor, bajo el paraguas aznarista en el partido y en el Gobierno: en Madrid, en la Comunidad Valenciana y en Galicia. En sus conversaciones grabadas, Correa también arremetió contra Esteban González Pons, actual vicesecretario de Comunicación del PP y persona que apoyó decididamente su defenestración, según altos cargos de ese partido. En relación con un negocio urbanístico que gestionaba en La Nucía (Alicante) y topaba con restricciones legales, Correa manifestó a fines de 2006: "Lo desbloqueo yo con el contacto, con el hijoputa de Esteban González Pons, me lo arregla con el pollo que está cayendo en Valencia".

González Pons, entonces consejero de Territorio en la Comunidad Valenciana, nunca desbloqueó tal plan, según personas de su entorno. Incluso, según recuerdan sus colaboradores, el proyecto fue sometido al dictamen favorable de la Confederación del Júcar, que dependía del Gobierno de Zapatero. Nunca tuvo luz verde, por lo que nunca salió adelante, afirman colaboradores de González Pons. "El proyecto era y es inviable", aseguran.

Lo llamativo de la historia de Correa es que mientras era ya un apestado en Génova 13, sede central del PP, aún siguió siendo contratado por Gobiernos autónomos de ese partido, según demuestran las grabaciones realizadas por orden del juez. Así, en noviembre de 2006, dijo lo siguiente: "Estoy haciendo la campaña a Paco Camps (...) Le hacemos todo". Y añadió su convicción de que le iban a adjudicar más contratos, como Fitur...

Felisa Jordán, miembro de la trama, se quejó de que Orange Market, empresa que controlaba para Correa, le estaba dando problemas: "La deuda de Orange Market de Valencia es del grupo. He hecho trabajo real para la Comunidad de Valencia que no he cobrado, Master Open, Fitur y que no le he facturado. Incluso hemos adelantado las nóminas. Los 300.000 euros de la deuda con Orange son cosas que hemos facturado pero que yo no les he hecho, las hizo Orange, pero las facturé yo".

Correa también halló cobijo en el Gobierno de Esperanza Aguirre, a tenor de sus conversaciones grabadas. En febrero de 2006, Felisa Jordán habló de una demanda que interpuso Pablo Crespo, ex secretario general del PP gallego detenido como miembro de la trama, contra la Comunidad de Madrid por falta de pago a FCS (Formación Comunicación y Servicios), una firma de la red. Jordán le pidió que la retirara para que no le quitaran a ella sus negocios con la Comunidad que preside Esperanza Aguirre.

En noviembre de 2007 Correa ya sabe que algunos miembros del partido amenazan con denunciarlo a Hacienda. Según sus propias conversaciones grabadas, una destacada consejera del Gobierno de Aguirre, Paloma Adrados, responsable de Empleo y Mujer, había elaborado una "carta" en la que había participado "todo el PP". En efecto, para entonces Correa ya se hallaba bajo el foco de una conjura de al menos media docena larga de concejales y cargos del PP que acabarían sacando sus turbios negocios a la luz.

Entretanto, pasarán hoy a disposición judicial Francisco Correa, Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez. La esposa del primero, María del Carmen Rodríguez Quijano, y Felisa Jordán, fueron puestas en libertad con cargos el sábado. Presumiblemente, serán citados a continuación una treintena de personajes vinculados a sus negocios de Correa que aparecen en las grabaciones. En este contexto, el sábado fue registrado en Madrid un despacho contiguo al de Alejandro Agag, yerno de Aznar. El de Agag no fue inspeccionado. Los policías se centraron en un ex compañero de negocios suyo que aparece en las grabaciones presumariales.