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El nuevo pacto de financiación autonómica

Rajoy impone a sus comunidades la abstención en la financiación

El modelo se aprueba con las autonomías socialistas más Cantabria y Canarias

La discusión y aprobación anoche del nuevo modelo de financiación autonómica ha desatado la dura crítica del PP hacia el Gobierno socialista, pero también ha provocado cierta tensión en las filas populares, singularmente entre el líder nacional, Mariano Rajoy, y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre. Ésta no logró arrastrar hacia el no al resto de las comunidades autónomas gobernadas por su partido porque recibió "la invitación", según expresión del consejero de Economía de Madrid, Antonio Beteta, de que ella y todos los demás del PP se abstuvieran. Y acataron. Menos la Ciudad Autónoma de Ceuta, del PP, que votó a favor.

Pasadas las ocho y media de la noche, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocado por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, aprobó el sistema de financiación que sustituye al vigente desde 2001 por diez votos a favor y siete abstenciones.

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Entre los del estaban todas las comunidades gobernadas por los socialistas: Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias y Baleares. Con ellas, Canarias, gobernada por Coalición Canaria y el PP; Cantabria, con gobierno del PRC y PSOE; y la Ciudad Autónoma de Ceuta, gobernada por el PP. Las siete abstenciones correspondieron a comunidades del PP: Madrid, Valencia, Galicia, Castilla y León, Murcia, La Rioja y Melilla.

No fue una sorpresa la actitud profundamente crítica del PP con el modelo, que ya está aprobado aunque todavía tiene que modificarse en el Congreso la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Sí sorprendió que el día anterior algunas autonomías se decantaran por el no, caso de Madrid, Valencia y La Rioja, frente a la abstención de Castilla y León, Galicia y Murcia.

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Es más, Aguirre, jugó fuerte a favor del no. Los presidentes de otras comunidades del PP veían en su actitud la intención de liderar "un frente de rechazo", según informaron interlocutores autonómicos. Pero Javier Arenas, el vicesecretario territorial en quien Rajoy delegó este asunto, impuso a todas las comunidades gobernadas por su partido que se abstuvieran. Arenas llamó a Aguirre para darle la orden, que ella acató pese a estar radicalmente en contra. Aguirre llamó luego a Rajoy para intentar convencerle, pero sus gestiones fueron inútiles, informa Carlos E. Cué.

Antes de las llamadas, la presidenta del PP de Madrid dijo en público su opción era el no, a no ser "que hubiera una instrucción en contra de la dirección del partido". Y la hubo. Pero el Gobierno de Madrid quiso remachar que su voto hubiera sido contrario, y así lo reflejó Beteta, dentro de la reunión y fuera. "La dirección del PP nos ha indicado que nos abstengamos, aunque nosotros hubiéramos querido el no", remachó Beteta.

La dirección del PP considera más coherente abstenerse que votar en contra, ya que sí aceptará el dinero que les ha asignado el Ejecutivo en el nuevo sistema.

Los argumentos dentro y fuera de la reunión de los consejeros de Economía del PP fueron idénticos, aunque Madrid, Valencia y La Rioja cargaron más las tintas e hicieron discursos más políticos que técnicos. Para las autonomías del PP, el Gobierno ha pactado el modelo de financiación con ERC, para asegurarse "cierta estabilidad parlamentaria", fue el resumen de la situación para el consejero de Madrid.

Estas alusiones a Cataluña las escuchó con cierta impasibilidad el consejero de Economía catalán, Antoni Castells, si bien lamentó que desde las autonomías del PP "se enciendan hogueras de unos ciudadanos contra otros".

La vicepresidenta Elena Salgado y el consejero catalán de Economía, Antoni Castells, en la reunión. Detrás, la consejera de Economía de la Junta, Carmen Martínez Aguayo, y el vicepresidente Manuel Chaves.
La vicepresidenta Elena Salgado y el consejero catalán de Economía, Antoni Castells, en la reunión. Detrás, la consejera de Economía de la Junta, Carmen Martínez Aguayo, y el vicepresidente Manuel Chaves.GORKA LEJARCEGI
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