Reacción inmediata del Ejecutivo para parar el plan

Una vez que el Boletín Oficial del País Vasco publique el proyecto de ley de consulta de Ibarretxe, el Gobierno central presentará, a través de la Abogacía del Estado, un recurso ante el Tribunal Constitucional, cuya tramitación dejará en suspenso la iniciativa del lehendakari durante cinco meses. En ese plazo, el alto tribunal decidirá si la consulta es o no legal.

El Gobierno central reaccionará inmediatamente a la decisión del Parlamento vasco, con la pretensión de zanjar cuanto antes el debate jurídico. De hecho, la Abogacía del Estado ya dispone de un texto con los argumentos jurídicos en que basa el recurso.

Pero La Moncloa da por hecho que detrás de la vertiente jurídica del plan del lehendakari está la política y que Ibarretxe aprovechará el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional para iniciar su precampaña de las autonómicas vascas, que previsiblemente se celebrarán a primeros de 2009. No cree que tenga otras consecuencias que las electorales porque confía en que Ibarretxe acate la decisión del Tribunal Constitucional.

El lehendakari pretende reproducir el esquema de las elecciones vascas de mayo de 2001, en que logró, con éxito, una inédita movilización del nacionalismo, presentándose como víctima frente al centralismo del PP-PSOE. En esta ocasión cuenta, además, con que no podrá presentarse ninguna marca de Batasuna a las elecciones vascas y tratará de captar el voto de la izquierda abertzale.

La Moncloa y el Partido Socialista de Euskadi evitarán conformar un frente común antinacionalista para no facilitar la estrategia victimista de Ibarretxe.