Ripoll cambia de sitio el basurero del 'caso Brugal' por orden judicial

La comisión de gobierno del Consorcio del Plan Zonal de Residuos de la Zona XVII, integrado por los municipios de La Vega Baja y encabezado por el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha decidido acatar y no recurrir la sentencia de un juzgado de Alicante que anuló recientemente la ubicación del futuro vertedero de la comarca en la pedanía oriolana de Torremendo. La adjudicación de la planta está en el epicentro del caso Brugal, que investiga la supuesta trama de corrupción en torno a este proyecto. Entre los imputados está el propio Ripoll.

La decisión sobre el fallo judicial ha provocado la protesta de los alcaldes socialistas, que han abandonado las reuniones previstas porque no se llevado el asunto al pleno del organismo, donde están representados, sino a la junta de gobierno, en manos del PP. Los socialistas, además, habían pedido la comparecencia de varios técnicos, lo que han rechazado los populares.

La polémica de hoy nace de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Alicante, que aceptó un recurso de los vecinos de la pedanía oriolana de Torremendo, donde estaba previsto que se construyera la instalación. Los demandantes argumentaron que en el concurso para adjudicar la planta el terreno en su pedanía había resultado peor valorado que otro en la localidad de Albatera. El juzgado les dio la razón y anuló la decisión porque el basurero se adjudicó por criterios distintos de los contenidos en el pliego, "como el de la proximidad".

El PP ha optado por asumir la sentencia, por lo que la instalación deberá atenerse a la "solución base" presentada por el adjudicatario, que es la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Cespa y Ortiz e Hijos, empresa de Enrique Ortiz, otro de los imputados del caso Brugal. Seis meses después de que Ortiz lograra la adjudicación del contrato para las basuras de la Vega Baja, el consorcio volvió a modificar el emplazamiento de la planta a un terreno de Torremendo que está en manos del empresario Ángel Fenoll, al que la investigación judicial da un papel principal en la trama para repartir el negocio de los residuos del sur de Alicante.

Ripoll ha comparecido tras el pleno del consorcio. El presidente provincial no ha entrado en el fondo del asunto ni de la adjudicación por la que se le investiga. Se ha limitado a criticar la "desbandada" socialista en el consorcio y ha explicar que la comparecencia de técnicos que pedían no está prevista en el reglamento del organismo. Ripoll ha confirmado que el consorcio no recurrirá la sentencia, pero sí lo hará la localidad de Albatera, del PP, que rechaza asumir ahora el vertedero.

A las puertas de la Diputación de Alicante, donde se reúne el consorcio, se han concentrado una treintena de militantes y simpatizantes de Esquerra Unida para pedir la dimisión de José Joaquín Ripoll. Los manifestantes, encabezados por el portavoz de la agrupación local de EU en Alicante, Miguel Angel Pavón, han ofrecido una degustación de chorizo "marca Brugal" a los transeúntes y han reclamado a gritos la renuncia de Ripoll por su imputación judicial. La concentración se ha desarrollado sin incidentes durante unos 20 minutos, bajo la mirada de dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, mientras en el interior del edificio se desarrollaba la reunión de la comisión del plan zonal.