Salgado admite que la poda de cargos es más simbólica que económica

El Consejo de Ministros decidió ayer el recorte de 32 de los 343 altos cargos de la Administración, así como de 29 de las 106 empresas públicas con participación del Estado. Ambas decisiones se enmarcan en el plan de austeridad con el que el Gobierno pretende reducir el déficit a niveles cercanos al 3% para 2013.

Pero la poda administrativa supone un ahorro para el erario público de sólo 16 millones de euros anuales, mucho menor que el de la poda en la Oferta de Empleo Público, materializada hace un mes. En ella, la supresión de las vacantes en un 87% redundó en un ahorro de 280 millones de euros.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, admitió, tras la reunión del Consejo, que la importancia del recorte radica más en la mejora de la eficiencia de la Administración, en su carácter simbólico, como expresión de austeridad, que en el ahorro.

Los partidos catalanes, CiU y ERC, fueron muy críticos con el recorte del Gobierno. Josep Duran i Lleida, de CiU, aseguró que el plan de austeridad es un "simple maquillaje", porque "lo que se precisa es un profundo lifting, reduciendo no simplemente algunos altos cargos, sino también reduciendo ministerios". Joan Ridao, de ERC, reclamó la reducción de cuatro ministerios -Igualdad, Ciencia y Tecnología, Cultura y Vivienda- que, a su juicio, supondría un ahorro de 5.500 millones de euros.

La supresión de altos cargos supone una reducción del 10% de los existentes -32 de 343- y afecta a una secretaría general, 18 direcciones generales y 14 organismos autónomos y produce un ahorro de tres millones de euros.

Los departamentos más afectados por el recorte de altos cargos son la Presidencia del Gobierno, el Ministerio de Economía y Hacienda y el de Ciencia e Innovación, con la supresión de tres direcciones generales cada uno, así como el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que elimina las cinco direcciones generales de las Confederaciones Hidrográficas. Incluso un ministerio de tamaño pequeño, como el de Igualdad, ha reducido sus dos direcciones generales en una.

La reducción de altos cargos no ha afectado al Ministerio de Exteriores ni a los secretarios de Estado, cuyo recorte se materializará en julio, una vez finalizada la Presidencia española de la Unión Europea.

Más importante ha sido la reducción de las empresas públicas, cuyo objetivo ha sido racionalizar el sector público empresarial, según la vicepresidenta económica. Sobre 106 empresas públicas, se han eliminado 14 y se han fusionado 24, que pasan a quedarse en nueve, lo que supone en total 29 empresas menos y una reducción del 27% en las sociedades con participación mayoritaria del Estado.

De las 14 empresas eliminadas, 13 pertenecen a la SEPI (Sociedad Estatal de Promociones Industriales) y una a Vivienda. De las 24 empresas afectadas por fusiones, 17 pertenecen a Patrimonio, cinco a la SEPI y dos a Fomento.

Asimismo, se han suprimido 80 cargos directivos y 450 puestos de consejeros de las empresas públicas y entidades públicas empresariales con más de seis miembros en el Consejo de Administración, lo que implica reducciones del 10% y del 15%.

La reducción del número de directivos y consejeros aplicada a las empresas públicas se extiende a otras entidades públicas empresariales. En este caso, en los consejos de las autoridades portuarias, el número de consejeros se reducirá en un 40%. Con estas reducciones se amortizarán un total de 300 consejeros y se reducirán 400 puestos directivos.

La vicepresidenta económica anunció que el Gobierno realizará un seguimiento permanente de la aplicación del plan y presentará un informe sobre el mismo al Consejo de Ministros en el primer trimestre de 2011.