Sanidad dice que se cumplirán los plazos de la Ley de Dependencia

La financiación de la Ley de Dependencia salió ayer a relucir en el Consejo de Política Fiscal. El consejero catalán de Economía, Antoni Castells, la mencionó como un ejemplo de las dificultades por las que pasan las comunidades para ejecutar algunas leyes aprobadas en el Parlamento. La Ley de Dependencia, dijo la consejera de Hacienda gallega, Marta Fernández Currás, "es una auténtica bomba financiera". Su homólogo en Valencia, Gerardo Camps, no le hizo ascos a una moratoria en su aplicación. Dada la escasa aplicación de la ley en esta comunidad ya podría decirse que está demorada. Madrid, otra de las comunidades donde menor desarrollo tiene esta ley, lanzó la pelota al Gobierno: "El Estado debe asumir ese liderazgo. Si no tienen valor, que dimitan y se vayan", dijo el consejero Antonio Beteta, al ser preguntado por la moratoria.

El Ministerio de Sanidad y Política Social contestó con contundencia: "No vamos a plantearnos los plazos de la ley, vamos a cumplirlos. Las ayudas de la Ley Dependencia son un derecho de los ciudadanos y hay que cumplirlos", dijo un portavoz. Aunque lo cierto es que no se cumplen. ¿Cabe incumplirlos aún más? En la actualidad, más de medio millón de personas reciben ayudas por la Ley de Dependencia, pero unas 250.000 más tienen derecho a ellas y aún esperan. En 2015 debe estar implantada por completo esta ley, que se aprobó por unanimidad, salvo la abstención de CiU y PNV.

El capítulo más opaco de la financiación de la ley es cuánto dinero ponen las comunidades, obligadas a cofinanciarla con el Gobierno. El Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación de oficio para esclarecer esto. El presupuesto para la Ley de Dependencia apenas ronda el 0,5% del PIB.