El Senado sortea la estrategia del PP contra la renovación del Constitucional

La Mesa del Senado rechazará hoy previsiblemente el intento del PP de retrasar la renovación del Tribunal Constitucional. Lo hará utilizando como base un informe de la Secretaría General de la Cámara que considera inapropiado un trámite solicitado por el Grupo Popular.

En concreto, el PP quería que el Senado se dirigiera a los Parlamentos autónomos para que dijeran si mantienen o si cambian los candidatos a magistrados que propusieron hace más de año y medio. Quería que los Parlamentos de Galicia y el País Vasco pudieran presentar aspirantes nuevos, ya que en esas dos comunidades ha habido elecciones y, por tanto, cambios en los repartos de poder desde que mandaron sus candidatos.

Los letrados niegan otra consulta a los parlamentos autónomos

Sin embargo, el informe de los servicios jurídicos del Senado que verá hoy la Mesa asegura que "las propuestas presentadas por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas hasta el 29 de septiembre de 2008 gozan de presunción de validez".

Añade que "las propuestas formuladas por los parlamentos vasco y de Galicia antes de las respectivas elecciones autonómicas de 2009 deben reputarse válidas y vigentes al haberse adoptado por asambleas legislativas en pleno ejercicio de sus funciones, y tratándose de un acto de las mismas respecto de un asunto que para tales Parlamentos ha finalizado".

Argumenta que si a esas dos Cámaras autonómas se les instara a enviar nuevos candidatos, "ello daría lugar a la existencia de dos propuestas sobre el mismo objeto", y "la nueva Cámara tendría que dejar sin efecto la primera propuesta mediante un acto contrario a la misma, lo que no está previsto reglamentariamente". El informe asegura que podría producirse una vulneración del artículo 23.2 de la Constitución, referido al derecho al acceso de cargos públicos.

Con este informe, el PSOE defenderá hoy en el Senado, con garantías de lograr una mayoría suficiente, que se siga adelante con el proceso. Para eso, sostendrá que se dé un plazo hasta el 8 de junio para que los servicios de la Cámara examinen la idoneidad de los 23 candidatos presentados por los Parlamentos autónomos.

De esos 23, hay solo dos propuestos por el PP: el ex presidente y el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando y Enrique López, respectivamente. El PP decidió que presentaba estos dos nombres en todos los parlamentos, mientras que para el PSOE son inaceptables. Eso es lo que bloquea la renovación desde 2008. El informe de idoneidad deberá examinar las condiciones de los candidatos y remitir a la Comisión de Nombramientos el resultado.

El PSOE confía en que ese informe acabe con la candidatura de Enrique López, porque no cumple el requisito de tener más de 15 años de actividad efectiva como jurista. A finales de 2008 hubo ya un informe jurídico del Senado que advertía de que, según la interpretación que hizo el Tribunal Supremo con el caso de Eligio Hernández, López no cumple ese requisito porque no se le pueden computar sus años en el Consejo General del Poder Judicial. De esa forma, la Comisión de Nombramientos podría anular la candidatura de López, según las previsiones del PSOE.

Un caso similar es el de Juan Carlos Campo, que fue propuesto por el PSOE en el Parlamento andaluz; fue vocal del Poder Judicial, para después ser nombrado secretario de Estado de Justicia, cargo en el que sigue.

A partir de ese momento cabría la posibilidad de que el PP pudiera proponer a otro candidato para sustituir a López, si este fuera declarado no idóneo, pero el proceso estaría ya en marcha. Los votos del PP son imprescindibles en el pleno y por eso tiene capacidad de bloqueo en cualquier momento, pero tendría que asumir esa decisión.

A pesar de lo complicado del proceso, el PSOE cree posible que esté culminado antes de verano, porque la Mesa del Senado, al igual de la del Congreso, ya declaró hábil el mes de julio y, por tanto, sería factible la elección durante ese mes.