El Senado vuelve a retrasar los nombramientos del TC por las dudas sobre algunos candidatos

El Senado ha retrasado hoy de nuevo el proceso para elegir a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde nombrar y que están pendientes desde diciembre. Tras dos semanas en las que la Cámara alta, a través de sus servicios jurídicos, debía examinar si los 23 candidatos propuestos por las comunidades autónomas cumplen dos sencillos requisitos para acceder al Alto tribunal, tal examen no ha podido ser completado al faltar datos de algunos de los propuestos, según fuentes de los grupos.

La Mesa del Senado (el órgano de gobierno de la Cámara alta) ha recibido en su reunión de esta mañana un informe de los servicios jurídicos en el que se detalla que hay "diversos criterios" para computar los 15 años de ejercicio profesional que exige la Constitución para el cargo de magistrado del TC. "Hay casos en que no aparece con claridad el cómputo de los 15 años", ha explicado en rueda de prensa el vicepresidente del Senado, Isidre Molas (PSC).

La Mesa "estudiará" el informe durante esta semana, según ha dicho Molas, por lo que cualquier decisión sobre este asunto queda pospuesta para la reunión del martes que viene. Entre las posibilidades que se plantean están que todos sean válidos, que no lo sea ninguno, o que haya que pedir más información a las comunidades autónomas en relación al currículum de algunos candidatos, detalló Molas.

Las dudas se centran en la forma de computar los 15 años de ejercicio profesional que exige la Constitución para acceder al cargo de magistrado. Algunos candidatos podrían no cumplir este requisito si se tiene en cuenta una sentencia del Tribunal Supremo de 1994 en la que consideraba que no debían contabilizarse los años en ciertos cargos fuera de la judicatura. En esta situación de duda estarían al menos tres candidatos: Enrique López, presentado por el PP y propuesto por cuatro comunidades, Juan Carlos Campo, presentado por el PSOE y propuesto por Andalucía, y José Luis Aurtenetxe, presentado por el PNV y propuesto por Euskadi. El vicepresidente del Senado rechazó comentar en rueda de prensa estos detalles.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha reconocido esta mañana en TVE que había "severas dudas" sobre que López cumpla el requisito de los 15 años, y ha mencionado expresamente el precedente de 1994, cuando el nombramiento de Eligio Hernández como Fiscal General fue declarado ilegal por la misma razón. López, si no se cuentan sus años como vocal del Poder Judicial, sólo tiene 12 años de ejercicio como juez.

Al menos una semana

La situación real es de parálisis del proceso. El PP ha avalado sólo a dos candidatos, Francisco José Hernando y Enrique López, ex presidente y ex portavoz del Consejo del Poder Judicial, que el PSOE considera contaminados políticamente, además de advertir del daño que haría al Tribunal Constitucional nombrar a dos magistrados que pueden ser recusados en multitud de asuntos nada más entrar. El PSOE ha votado en las comunidades autónomas a 16 candidatos con los que esperaba negociar su cuota de dos magistrados, dentro de los cuatro. La jugada del PP, presentando sólo dos con un perfil inasumible para los socialistas, ha bloqueado la renovación, que en teoría habían pactado Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero.

Los votos de ambos partidos son imprescindibles para lograr los tres quintos de la Cámara necesarios para realizar el nombramiento. El propio presidente del Senado, Javier Rojo, advirtió la semana pasada de que no pondrá en marcha el proceso si no hay un acuerdo previo. A pesar de todo, algunos grupos han advertido a Rojo de que un excesivo retraso perjudicará la imagen del Senado.

La decisión de esta mañana retrasa una semana más algo en apariencia tan sencillo como contar si estas personas cuentan con 15 años de ejercicio o no. De pedirse el martes que viene documentación adicional a los parlamentos autónomos, la opción más probable según fuentes de la Cámara alta, llevaría al menos dos semanas más. En total, fuentes de los grupos estiman que esta nueva vuelta de tuerca del complicadísimo proceso de elección puede retrasarlo hasta mediados de noviembre.

La decisión se produce a pocas horas de que comience la reunión entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición en la que se pondrá este conflicto sobre la mesa por primera vez al máximo nivel.