Somalia, dividida y sin Estado

En Somalia no hay Estado. Sólo funciona la ley del Kalashnikov, la telefonía móvil y la piratería, el negocio más rentable. Cuando se habla de Gobierno o autoridades legales es más un eufemismo que una realidad, pues nada de esto existe en Somalia.

El país está dividido en cuatro zonas de desgobierno: Somalilandia, al noroeste, ex colonia británica, que actúa como Estado independiente; Puntland, en el norte, de donde proceden la mayoría de los piratas y que funciona de manera autónoma; el centro, sobre el que ejerce una cierta autoridad el denominado Gobierno transitorio federal del presidente jeque Sharif Sheikh Ahmed, y el sur, incluida la mitad de Mogadiscio, gobernado por las milicias de Al Shabab, a las que la CIA vincula con Al Qaeda. Sólo allí hay orden, la ley islámica en su versión más estricta.

El poder del jeque Sharif y sus ministros es escaso. No existe un Ejército nacional sino milicias a las que Occidente arma a través de Etiopía. Los esfuerzos económicos se centran más en frenar la piratería en el mar que en combatir sus causas en tierra. En abril, los donantes internacionales aprobaron una ayuda de 250 millones de dólares (unos 166 millones de euros), cifra importante pero con letra pequeña: 134 millones fueron destinados a incrementar la fuerza de paz de la Unión Africana (el objetivo es alcanzar los 8.000 soldados) y otros 34, a financiar a las fuerzas de seguridad locales (la milicia del presidente transitorio). Para todo lo demás, para invertir en pobreza, por ejemplo, quedaron 82 millones de dólares. Los piratas lograron bastante con las extorsiones: 150 millones de enero a noviembre de 2008.

La piratería surge tras el hundimiento del Estado en 1991. En un país en el que no hay tribus -todos son somalíes excepto los africanos (así llaman a los bantúes)-, el problema son los clanes y los subclanes que en 18 años de guerras civiles han generado a su vez decenas de sub-subclanes: un laberinto de poder imposible de desenredar. La piratería nace del clan de los hawiye, el más importante y mayoritario, que la organizan con un doble fin: frenar la pesca esquilmadora (tampoco hay Estado para los pesqueros extranjeros) y ganar dinero fácil.

Cuando Haradere, el puerto donde se encuentra el atunero Alakrana, cayó en manos de la Unión de Cortes Islámicas (UCI) en junio de 2006 se suspendieron los ataques. La UCI estaban presididas por el jeque Sharif, el mismo que dirige ahora en el Gobierno transitorio, y fueron la primera expresión de autoridad. Su expulsión del poder en diciembre de 2006, tras la invasión etíope alentada por Occidente, dividió a la UCI en dos sectores, moderado (Sharif) y radical (Al Shabab), y devolvió a Somalia al desgobierno de los señores de la guerra.

Los piratas son hawiye y darod, el segundo clan en importancia y mayoritario en Puntland. Ya no hay motivos patrióticos, como frenar la pesca sin control, ahora es sólo dinero fácil que sirve para enriquecer a los jefes de los clanes, subclanes y sub-subclanes. Ellos son la verdadera autoridad.