Sortu dice que puede "condenar a ETA, pero no imponer su disolución"

Sortu es "absolutamente ajeno a cualquier clase de connivencia con la violencia y el terrorismo y por tanto, a dar continuidad a las conductas que provocaron la ilegalización de Batasuna", según los 245 folios de alegaciones que la última formación abertzale presentó ayer ante la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo. En la demanda, que firman los letrados Iñigo Iruin y Adolfo Araiz, Sortu cuestiona que tenga que producirse la disolución "definitiva y verificada" de ETA para que la izquierda abertzale pueda tener un partido propio, y asegura que "puede rechazar y condenar la violencia de ETA, pero no puede imponer su disolución".

La Sala del artículo 61 acumuló ayer las demandas del Gobierno y de la fiscalía, y nombró ponente único de la sentencia al magistrado Carlos Lesmes. La Sala se reúne hoy, y previsiblemente acordará la admisión de pruebas y señalará la fecha de comparecencia. Sortu ha renunciado expresamente a la vista oral por considerarla "innecesaria", y pide que no se celebre, aunque el fiscal la ha propuesto. Sortu solicita una extensa prueba documental con la aportación de más de un centenar de documentos, autos e informes.

El Supremo prevé fijar la vista el día 21 y dictar sentencia antes del 28

A reserva de lo que el Supremo decida, en principio la idea era celebrar una vista hacia el próximo día 21 en la que se incluiría al menos la testifical y la pericial. Los días 22 y 23 se dedicarían a la deliberación de los 16 magistrados de la Sala Especial y después quedarían unos días al ponente para redactar la sentencia, contando ya con la totalidad de la prueba documental que se acepte. El propósito es tener la sentencia antes del 28 de marzo, día en que se convocan las elecciones.

En su escrito de alegaciones, Sortu niega que pretenda la refundación de Batasuna y los demás partidos ilegalizados "ni mientras subsista ETA ni cuando desaparezca". Por el contrario, asegura que en sus estatutos se materializa "una ruptura orgánica funcional y de actividad con los partidos ilegalizados". En ese sentido, insisten en que su legalización conducirá al fin de la violencia en el País Vasco y en el Estado, porque los Estatutos "suponen la estrangulación definitiva de cualquier espacio social y político para que quienes la practican puedan continuar con su actividad. "Y, cualquiera que sea el proceso de su desaparición, es evidente que esta se acelerará", añade.

Los promotores de Sortu señalan que la Ley de Partidos "no contempla la exigencia de rechazar los crímenes pasados de ETA", y agregan: "Es ahora, con ETA en suspensión de sus actividades terroristas, cuando tiene auténtica trascendencia que desde la izquierda abertzale nazca una fuerza política que rechace de manera indubitada la violencia y el terrorismo de esa organización y contribuya con los demás agentes políticos y la sociedad en su conjunto a dejarla huérfana de cualquier respaldo social y político".