Subsidio para sus señorías en paro

En los últimos meses, la Mesa del Congreso ha concedido a los ex diputados José María Michavila y Jordi Sevilla la indemnización de un mes por año en el escaño y hasta un máximo de 24 meses a la que tienen derecho todos los parlamentarios que abandonan las Cámaras. Se concede de forma automática, aunque los dos fueran fichados para trabajos bien remunerados, sobre todo el del PP.

Ahora, el PSOE propone que se acabe con esa indemnización discrecional establecida en 2006 y ha propuesto al presidente del Congreso, José Bono, que se pague solo a los exparlamentarios que no encuentren trabajo. Es una forma de seguro de desempleo, pero mejorado con respecto al del resto de ciudadanos. Según explicó José Antonio Alonso, portavoz socialista, cobrarían dos meses por año trabajado, hasta un máximo de 24 meses, y pagado mes a mes. Si encuentran trabajo se interrumpe el cobro.

El PSOE propone eliminar los complementos de pensiones que han cobrado 81 exparlamentarios, que tenían como objetivo los exiliados que no cotizaron, pero que han terminado siendo para abogados que cotizaron por la mínima a la Mutualidad del Colegio. Por ejemplo, Cristina Almeida y Pablo Castellano.

La carta de Alonso a Bono propone que "se aplique el régimen de incompatibilidades del modo más estricto y exigente" y teniendo en cuenta "las rentas que se vayan a percibir en la actividad que se pretende compatibilizar y el tiempo estimado de dedicación a la misma". En este momento, la excepción es más amplia que la regla y se aceptan casi todas las peticiones de compatibilidad.

Los socialistas proponen que se haga público el patrimonio y los bienes de los parlamentarios. En esto coinciden todos los grupos, pero el PSOE añade que se incluya el de cónyuges e hijos. Los ministros publican desde hace un año sus patrimonios, pero consiguieron parar la pretensión inicial de dar transparencia también a los bienes de los miembros de su unidad familiar.

En parlamentos autonómicos como Andalucía y Castilla-La Mancha se publican los patrimonios de los diputados, pero no el de sus familiares próximos.