"Sufrimos un atraco que se llevará nuestra riqueza a bancos, promotores y corruptos"

Manuel Villoria (Madrid, 1957), catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, coordina la sección española del estudio sobre corrupción que cada año hace la ONG Transparencia Internacional. Villoria asegura que la corrupción es una consecuencia del sistema de urbanismo, en el que "una decisión administrativa genera millonarios beneficios privados".

Pregunta. Prolifera la corrupción urbanística.

Respuesta. Sí. Es una tragedia pero es bueno que se haga público. No es un problema de Marbella, que no es un caso aislado, sino de todo el sistema.

P. ¿Por qué?

R. Porque España es el único país en el que la decisión administrativa de recalificar un suelo genera plusvalías millonarias que van al dueño del suelo. Y es el único país en que la urbanización la hacen promotores privados. En otros países se expropia un terreno rústico por lo que vale y la Administración encarga la urbanización.

"Una decisión pública, una recalificación, no debería generar enormes beneficios privados"

P. ¿Cree que habría que expropiar un terreno por poco dinero y encargar a la constructora que levante los pisos?

R. Exactamente. La clave del sistema español y lo que ha propiciado esta situación es que los propietarios del terreno reciben la plusvalía de una decisión administrativa, cuando los beneficios deberían ser compartidos. Una decisión pública no puede generar enormes beneficios privados.

P. ¿Por qué no se hace?

R. Por que el sistema está mal diseñado desde el principio. Las plusvalías son del dueño del suelo porque en el siglo XIX el Gobierno pactó con los terratenientes que ellos ganarían dinero. Ahora, como una decisión administrativa genera millones de beneficios aparece la corrupción.

P. ¿Qué opina de los convenios urbanísticos, en los que un ayuntamiento recalifica un suelo a cambio de dinero?

R. Son un nido de corrupción. No es sólo que alteren un plan de ordenación urbana diseñado para toda la ciudad. Es que sólo con decidir que la cantidad que cobra el ayuntamiento se recibirá un año más tarde supone millones de euros. Son consecuencia de la nefasta jurisprudencia del Tribunal Supremo, que aceptó los convenios en los 60.

P. ¿Está tan extendida la corrupción?

R. Ya hay redes estables de corrupción que saltan de un lugar a otro, con informadores, y gente que se mueve hasta que contactan con un concejal o alguien que conoce el sitio. Juan Antonio Roca [presunto cerebro de la trama de Marbella] venía de Murcia y allí sus socios controlan el suelo. La corrupción es sistémica.

P. ¿Y la Justicia?

R. El sistema judicial no sirve contra la corrupción. Oigo a políticos decir que se tiene que aplicar la ley. Si ya se aplica, pero con 15 años de retraso, como en Marbella. Convendría modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal para estos delitos. Aplicar la ley no es eficaz y hay que tomar medidas radicales.

P. ¿Por ejemplo?

R. Los concejales entregan su declaración de bienes e intereses al secretario municipal, un funcionario que no va a investigar y que lo guarda en una caja. Así los ciudadanos no saben cuáles son sus bienes y sus intereses. Pero tampoco Hacienda. Si Hacienda mirase los bienes de esos alcaldes y concejales saldrían 5.000 o 6.000 casos a investigar.

P. ¿Y los bancos que financian las obras, los notarios que dan fe en las compraventas, el Gobierno, que construye las infraestructuras donde las necesitan los promotores?

R. Todo el sistema contribuye. Los españoles hemos sufrido un atraco brutal durante 15 años que se llevará un tercio de nuestra riqueza durante los próximos 15 hacia los bancos, los dueños del suelo, los especuladores, los promotores y los corruptos. Sin contar con el coste ambiental, de pérdida de calidad de vida, la pérdida del paisaje...

P. Dice que las recalificaciones masivas y la urbanización a destajo son malas, pero si un alcalde de la costa hiciera lo contrario, perdería las elecciones.

R. Es cierto. En Valencia, donde el naranjo ya no es rentable, hay una presión enorme por urbanizar. Los agricultores quieren que les recalifiquen. Eso supone enriquecimiento a corto plazo y empobrecimiento en unos años.

P. En su informe dice que hay partidos políticos que son una pantalla de los promotores.

R. El ejemplo más claro es el GIL pero hay más. No es fácil demostrar la relación, pero basta ver los partidos independientes que han proliferado en la costa y en zonas con presión urbanística y cuyo fin es gestionar el urbanismo.

P. Los casos de corrupción salen ahora, pero en la calle era evidente.

R. La gente sabía que su alcalde o ex alcalde había aumentado su patrimonio o que negociaba con un promotor Sin embargo creo que los políticos de alto nivel no eran tan conscientes. El otro día estuve con Jordi Sevilla y creo que desconocía el nivel de corrupción que está aflorando. Y eso que es ministro de Administraciones Públicas y de Castellón.