El Supremo avala sitel por tercera vez y lo considera "preferible" a los anteriores sistemas

El Tribunal Supremo ha notificado este jueves una sentencia en la que avala el sistema integrado de interceptación telefónica (sitel) para rechazar el recurso de dos condenados por narcotráfico y recuerda que en otras resoluciones el propio tribunal ya lo ha considerado "preferible a los modos de intervención anteriores a su implantación", informa Efe.

La sentencia de la sala de lo penal se remite en concreto a una resolución del pasado 6 de julio que "decide en un supuesto en que precisamente se aportaron al Juzgado las grabaciones obtenidas por el sistema sitel (y) que no sólo no cuestiona sino que considera preferible a los modos de intervención anteriores a su implantación".

El Supremo ya avaló en marzo sitel en otro caso de narcotráfico en el que la Guardia Civil de la Comandancia de Cádiz, que inicialmente había solicitado una intervención telefónica normal, advirtió al juez al día siguiente que la intervención "se llevaría a cabo mediante el sistema sitel".

Ilegal pero utilizado

Precisamente hoy, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha vuelto a arremeter contra el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien protagonizó ayer un agrio enfrentamiento con los diputados populares Carlos Floriano y el propio González Pons, quien llegó a denunciar que habían sido amenazados e insultados por el ministro, aunque este lo negó posteriormente, así como el presidente del Congreso, José Bono, y el diputado de IU Gaspar Llamazares, ambos presentes en la discusión tras las acusaciones de escuchas ilegales con el sistema de interceptación de comunicaciones sitel. Preguntado, en una entrevista en Telemadrid, por si el ministro les amenazó, el portavoz del PP ha asegurado que hubo una pérdida de papeles. "Con sitel, el ministro del Interior pierde los nervios; Rubalcaba nos ha reconocido que sitel es ilegal pero que la ley la cambiará él cuando lo crea", ha afirmado González Pons.

"No estamos diciendo que haya escuchas ilegales, estamos diciendo que hay un sistema ilegal de escuchas", ha insistido González Pons. Después de que los populares sugieran que las escuchas hechas con sitel podrían anular muchas actuaciones judiciales, Batasuna y ahora un mafioso ruso han recurrido y piden la nulidad de las investigaciones. Pero González Pons ha afirmado hoy que la responsabilidad es del Gobierno.

"Los jueces no conocen sitel"

"Si las cosas se han hecho mal no es culpa de quien denuncia, la responsabilidad será de quienes no lo han hecho bien", ha insistido el portavoz popular, que ha admitido que el sistema de interceptación de comunicaciones se desarrolló con el Gobierno de Aznar, pero no se llegó a poner en marcha basándose en 22 informes judiciales. "Si hubiéramos seguido gobernando hubiéramos desarrollado una ley orgánica". "Los jueces no conocen sitel, no saben lo que están autorizando en realidad, no saben cuánta información adicional no se va a poner a su disposición", ha añadido Pons.

Sobre las explicaciones que ofreció Rubalcaba en las que aseguraba que lo que le dijo a Floriano es que le veía y escuchaba en radios y televisiones pero no a través de escuchas ilegales, González Pons considera que es un argumento que no es válido porque Floriano es un diputado que no tiene gran protagonismo y no aparece habitualmente en los medios. Pero Floriano ha estado esta mañana en la cadena Cope y ha reiterado que fue descalificado por Rubalcaba. "Literalmente me llamó paranoico. El lo negó. Imagino que el señor Rubalcaba nos estará escuchando ahora. Debe estar todos los días escuchándome", ha indicado el diputado extremeño.

La portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, también ha arremetido contra Rubalcaba y ha afirmado que un ministro del Interior no puede perder los papeles de esta manera, sobre todo cuando se trata de un tema tan importante como un sistema de escuchas que, ha reiterado, es "ilegal" y que, por ejemplo, "permite grabar las agendas del móvil al que se intercepta", según ha denunciado Soraya Sáenz de Santamaría.