El Supremo examinará la recusación de cinco jueces por Garzón

El magistrado Julián Sánchez Melgar, instructor de la recusación de cinco magistrados de la Sala Penal del Supremo por el juez Baltasar Garzón, ha admitido que tres de los autos dictados por esos magistrados pueden comprometer su imparcialidad objetiva para juzgar a Garzón por investigar los crímenes del franquismo. La Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo deberá decidir finalmente si esos magistrados deben ser apartados. Los magistrados recusados son el presidente de la Sala Penal del Supremo, Juan Saavedra, el magistrado ponente, Adolfo Prego, y Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.

Melgar, por el contrario, no admite que se pueda examinar otra causa de recusación, relativa a que los cinco jueces procuraron no "contaminarse" en la fase de instrucción para poder formar parte del tribunal que sentenciará al juez imputado, lo que evidenciaría su "interés in directo" en el pleito.

El instructor limita la recusación a tres de las 12 resoluciones pronunciadas por la Sala Penal, fechadas el 23 de marzo y el 26 y 28 de julio de 2010. La primera ratifica una durísima resolución del juez Luciano Varela, redactada con tintes de sentencia condenatoria, en la que denegó el archivo de la causa contra Garzón. El segundo auto de la Sala confirmaba otra resolución de Varela denegando las pruebas pedidas por la defensa de Garzón y en el tercero se convalidaron las instrucciones que Varela dio a las acusaciones de Manos Limpias y Falange sobre cómo debían formular sus escritos de acusación.

Recusación limitada

Sánchez Melgar reduce a la mínima expresión las cuestiones sobre las que tendrá que pronunciarse la Sala Especial del artículo 61, en vez de que ésta pueda examinar la actuación de la Sala Penal en su conjunto.

En realidad, al instructor no le ha quedado más remedio que dar curso a la recusación formulada por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, habida cuenta de que uno de los recusados, el magistrado Joaquín Giménez, había admitido estar incurso en la primera causa, la pérdida de imparcialidad objetiva. Además, el Ministerio Fiscal, por primera vez en su historia, había apoyado la recusación de cinco magistrados del Tribunal Supremo.