El Supremo pide un informe al Poder Judicial por posibles anomalías en la sala que aplica la Ley de Partidos

Los magistrados que integran la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo, la que juzgará las posibles listas electorales de Batasuna, han solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un nuevo informe técnico sobre los últimos nombramientos que la han afectado. Los jueces se han reunido esta mañana a petición de siete de los 16 magistrados, que entienden que se han producido irregularidades; la decisión se ha tomado por unanimidad y a petición del presidente del CGPJ, Francisco Hernando.

Aunque la petición de la reunión partió ayer de un grupo de siete magistrados de los 16 que forman la sala del 61, Hernando accedió a convocarlos a todos porque los siete pertenecen a distintas tendencias ideológicas. La reunión tiene como objeto debatir quiénes de entre los últimos magistrados que han accedido al Supremo tienen la cualidad de más modernos, que son los que deberían integrar la Sala del 61.

La semana pasada se supo de un informe pedido por el propio Hernando en el que se ponía de manifiesto que se habían trastocado los nombramientos de los últimos cuatro magistrados que accedieron al Supremo, de forma que se promovió para la Sala del 61 a Antonio Salas Carceller, apoyado por los vocales del Poder Judicial propuestos por el Partido Popular, en vez de a Encarnación Roca, apoyada por los vocales propuestos por el PSOE.

Según el artículo 347 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los que se incorporan al Supremo sin pertenecer a la carrera judicial, se incorporan al escalafón en último lugar, obteniendo la calificación de más moderno. Es el caso de Roca, que era catedrática, no el de Carceller, proveniente de la carrera judicial. Son los magistrados más modernos los que deben integrar la Sala del 61 y sin embargo, fue promovido Carceller para el puesto en vez de Roca, debido a una artimaña con la publicación de los decretos de nombramiento en el Boletín Oficial del Estado.

Eso es precisamente lo que hoy han discutido los magistrados ante "el riesgo de que el escalafonamiento haya podido producirse en forma no ajustada a lo establecido en el artículo 347 de la ley orgánica del Poder Judicial y las consecuencias que de ello pudieran derivarse en cuanto a la composición de la Sala del artículo 61".

La Sala Especial es la encargada de ejecutar la sentencia de ilegalización de Batasuna y de velar porque la formación ilegalizada no es sucedida por otra con sus mismos fines. En las próximas semanas se deberá reunir si el Gobierno o la Fiscalía promueven la ilegalización de candidaturas sospechosas de suceder a Batasuna. La Sala no puede actuar de oficio contra una formación ya existente pero en ejecución de sentencia sí puede hacerlo contra una eventual formación de la izquierda abertzale que decidiese concurrir a las elecciones, si aprecia en ella que es heredera de la ilegalizada Batasuna.