El Supremo ratifica la sanción a un agente que anunció una huelga de celo

Manifestar públicamente que la Guardia Civil dejará de poner multas en protesta por su situación laboral contraviene la disciplina del instituto armado y debe ser sancionado. Así lo reconoce el Tribunal Supremo, que el pasado 3 de marzo confirmó la sentencia de pérdida de 15 días de haberes impuesta al guardia civil Jesús Molins Guitarte, delegado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Aragón, al considerarle autor de una falta grave por "hacer manifestaciones contrarias a la disciplina".

El 9 de enero de 2007, 11 días antes de una concentración de guardias civiles en Madrid para reivindicar mejoras laborales, Molins Guitarte apareció en un reportaje de Aragón Televisión, donde explicó el malestar de los miembros del instituto armado, los policías, en su opinión, "con peores condiciones laborales y salariales". El agente reconoció la existencia en enero de aquel año de lo que llamó una huelga en blanco. "Si se observa alguna infracción, los compañeros pararán el vehículo, le notificarán verbalmente la infracción que ha cometido para que no vuelva a cometerla y las consecuencias que puede tener. Lo que no harán es formular un boletín de denuncia", explicó el guardia civil en televisión.

El guardia civil denunció las malas condiciones de trabajo del cuerpo

En una "situación normal" sí se pondría la multa, admitió el agente, pero aquella no lo era, protestó. En el caso de Aragón, hacían falta "300 efectivos más para trabajar a pleno rendimiento". Además, las instalaciones de Zaragoza tenían "muchas carencias, incluso ratas y pulgas".

Molins Guitarte aseguró que a pesar de la existencia de la huelga de multas nadie iba a "desatender el servicio al ciudadano", porque está por encima de "todas nuestras pretensiones o nuestras demandas". Sin embargo, su propósito de no abandonar sus obligaciones no evitó que se le acusara de una falta grave por "promover o desarrollar actividades sindicales", prevista en la Ley Disciplinaria de la Guardia Civil que entonces estaba vigente.

Según la sentencia del Tribunal Supremo, "nada puede ser más atentatorio" contra la disciplina del instituto armado que "anunciar a los ciudadanos que los agentes responsables del tráfico no van a sancionar las infracciones" que puedan cometer los conductores, pues no solo pone de manifiesto "una dejación de funciones", sino que supone, al mismo tiempo, un "riesgo para las personas y los bienes". Si no poner multas es grave -"se vulneran las reglas básicas del servicio de seguridad pública", considera el Supremo-, anunciarlo lo es aún más, por "el efecto que este conocimiento puede producir en el conjunto de los conductores y en la posibilidad de que se incremente el grado de incumplimiento de las normas de seguridad del tráfico".

No cabe posibilidad, según el Supremo, de alegar "derecho a la libertad de expresión", tal y como hizo Molins Guitarte para justificar su conducta. "Este derecho constitucional no es absoluto", sostiene la sentencia, y alude a una interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según el cual la libertad de expresión puede ser "sometida a unas ciertas restricciones que constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública".

Como portavoz de la AUGC, a Jesús Molins Guitarte "se le debe conceder un amplio margen de libertad de expresión" para defender "los derechos e intereses profesionales, económicos y sociales de sus compañeros", admite el Supremo. Pero reitera una excepción: "dentro de las limitaciones propias del respeto a la disciplina" de la Guardia Civil.