El Supremo retira a los notarios poder para vigilar el fraude

Los notarios españoles aseguran que se han quedado sin instrumentos legales para vigilar el fraude fiscal y el blanqueo de dinero. El Tribunal Supremo les ha quitado de un plumazo la potestad de poder comprobar, antes de estampar su firma, si un documento para el que se pide su autorización se ajusta al ordenamiento jurídico (e incluso si tiene sentido), y el acceso al registro central de poderes notariales, donde se verificaba si un documento de este tipo sigue en vigor o no.

El presidente del Consejo General del Notariado, José Marqueño de Llano, se quejó ayer del "excesivo rigor formalista del Tribunal Supremo", que, entiende, "puede tener graves consecuencias". La sentencia anula en su integridad tres artículos, una disposición adicional y otra final, y anula parcialmente 21 artículos.

Sin embargo, lo más relevante para los notarios se refiere a la declaración de nulidad del control de legalidad notarial por una cuestión meramente formal. Los fedatarios públicos entienden que, al no controlar la legalidad y no implicarse, el notario sólo es un testigo, por lo que los actos de fraude fiscal y blanqueo de capitales serán mayores al no existir esta función de prevención.

La sentencia es consecuencia de un recurso interpuesto por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles contra la reforma de 2007 del Reglamento Notarial (un texto que data de 1944). La razón fundamental del Supremo es que ese reglamento tenía que haberse aprobado con rango de ley. El Ministerio de Justicia anunció ayer que hará las reformas necesarias para adaptar el texto a lo dicho por el Supremo. Los notarios, mientras, han anunciado que harán "controles internos" de legalidad.