El Supremo sólo investigará a los aforados del PP Bárcenas y Merino

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha admitido su competencia sobre el caso Gürtel, aunque por el momento sólo respecto al tesorero y senador del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino, y para investigar al primero por delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública y a Merino por cohecho.

El nombramiento de instructor ha recaído, según un turno predeterminado, sobre el magistrado Francisco Monterde, que en su día desempeñó el cargo de vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular. El auto de admisión deja al criterio de este instructor el momento de recabar, en su caso, los suplicatorios contra Bárcenas y Merino. Por el momento, toda la instrucción del caso Gürtel, a excepción de los indicios contra Bárcenas y Merino seguirá en el Tribunal Superior de Madrid, en contra del criterio de la fiscalía, que pidió que asumiera el grueso de la investigación.

El Supremo ha admitido la competencia sólo para Bárcenas y Merino, dado que la investigación de sus conductas puede escindirse del resto de al instrucción que lleva el Tribunal Superior de Madrid. El presunto delito fiscal de Bárcenas no plantea problemas respecto al procedimiento que sigue el Tribunal Superior y el de cohecho, "hace que deba extenderse la competencia, por conexión, solo respecto a las personas que hubieran realizado las entregas de dinero". Si en las investigaciones que ahora se inician aparecen indicios sobre hechos distintos se podrá ampliar la instrucción ante la Sala Penal.

El auto del Supremo añade que tan pronto como el instructor, Francisco Monterde, advierta indicios racionales de criminalidad contra cualquiera de los aforados "deberá exponerlo a esta Sala a los efectos de la solicitud de suplicatorio", y "con carácter previo a su inculpación, procesamiento, o adopción de cualquier medida cautelar".

Según el Supremo, en la exposición razonada remitida por el juez del Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, se da cuenta de la percepción de cantidades económicas por el diputado Jesús Merino, según la documentación intervenida en un registro domiciliario y un soporte informático con la contabilidad oculta del grupo Correa. A Merino se le identifica con su nombre y apellido, o con iniciales o, simplemente, con su nombre. Además de la documentación, los indicios proceden de declaraciones de personas, aunque el Supremo no dice cuáles. Las cantidades supuestamente percibidas por Merino no se corresponden con actividades profesionales o de otro tipo que puedan justificar su recepción, por lo que "los indicios resultan, en principio, suficientes para la instrucción de una causa criminal" por delito de cohecho y, en su caso, por los delitos fiscales que correspondan a los ingresos detectados.

Con respecto al tesorero del PP, Luis Bárcenas, existen indicios de la recepción de cantidades económicas, y del abono de un viaje turístico. A Bárcenas se le identifica con su nombre, con las iniciales de su nombre y apellido, con su apellido o con la expresión Luis "El Cabrón". Bárcenas hizo llegar al juez Pedreira unas alegaciones en las que trata de justificar sus ingresos, por la obtención e inmediata devolución de un crédito, y por las percepciones derivadas de la venta de acciones erróneamente declaradas a Hacienda. Ese argumento, sin embargo, se contrarresta con el informe de la Agencia Tributaria.

Pedreira refiere también indicios de un "desvío de fondos, típico del blanqueo de dinero y, en general, respecto a los delitos cometidos mediante la utilización de empresas del denominado grupo Correa". Aunque contra Merino no se realiza una imputación concreta, sobre Bárcenas hay indicios de participación, junto a Merino y un tercero, en el accionariado de la sociedad Astrogalo, de la que "se está a la espera de recepción de información.

Contra Bárcenas hay también indicios de su participación en una operación inmobiliaria a partir de un documento intervenido en un registro domiciliario en el que aparece el nombre "L. Bárcenas" junto a las iniciales P. C., que pudieran corresponder a Francisco Correa. Pero esa anotación manuscrita "carece de fuerza" para determinar la pertenencia a la rama de empresas de la trama corrupta, aunque si en las investigaciones aparecen nuevos indicios que sugieran su implicación en los hechos que investigan, se podría ampliar el objeto del proceso al delito de blanqueo.