El TSJM dice por segunda vez 'no' a la privatización de un colegio en El Álamo

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado "nulo de pleno derecho" el decreto 106/2009 de 23 de diciembre por el que el Gobierno regional suprime, por segunda vez, el colegio público Miguel Angel Blanco de la localidad madrileña de El Álamo para convertirlo en un centro privado. La privatización del colegio, que ni se había estrenado, se produjo en marzo de 2008 por motivos económicos.

El Ayuntamiento de este pueblo de 7.265 habitantes del sur de la región, del PP, debía unos 18 millones de euros y la empresa adjudicataria, Grupo Educativo, le pagará más de 4,5 millones durante el periodo de la concesión (50 años). El Miguel Ángel Blanco fue construido en su primera fase por la Comunidad de Madrid, que invirtió 1,8 millones.

El "afán privatizador"

En la sentencia, fechada el pasado 26 de enero, el tribunal madrileño señala en sus fundamentos que el Gobierno de Esperanza Aguirre no ha cumplido el trámite preceptivo de consulta al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y que la ausencia de este trámite genera "una indefensión de los interesados no subsanable". Este es el motivo por la que se declara nulo el decreto y se condena a la Administración demandada a "retrotraer el expediente de elaboración de la norma, con el fin de someter el proyecto a la valoración o informe del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid".

Esta es la segunda sentencia contraria a la decisión de la Consejería de privatizar el colegio Miguel Ángel Blanco. Como ya ocurrió con la primera, la consejería no dará marcha atrás porque lo achaca a "un defecto de forma" que subsanará "en los próximos días", según explica un portavoz del área que encabeza la consejera Lucía Figar. El fallo "era esperado" por la consejería que "lo subsanará tramitando el decreto previa consulta al Consejo Escolar cuyo informe no es preceptivo". A juicio de la consejería, la sentencia "no tiene ningún efecto práctico desde el punto de vista educativo, de escolarización o de ordenación de centros".

La sentencia responde a un recurso interpuesto por la Federación Regional de Enseñanza de CC OO Madrid y elude entrar en las cuestiones de fondo, planteadas también por el sindicato, ya que entiende que procederá a ello, si una vez cumplidos los trámites establecidos en la Ley, "el Decreto volviera a aprobarse en términos similares a los que lo habían sido en el que ha sido objeto de impugnación en este recurso". El recurso lo presentaron conjuntamente el sindicato CC OO y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos. La FAPA exige hoy al Gobierno regional en una nota que el colegio de El Álamo "vuelva a ser públcio de forma inmediata".

Esta sentencia se suma a una previa del mismo TSJM, que 11 de diciembre de 2009 anuló la privatización del centro por falta de motivación al señalar que las razones que dio la Comunidad de Madrid para suprimirlo eran las mismas que dio para crearlo, lo que llevaría a mantener el colegio público y la adecuada prestación del servicio público. CC OO, en un comunicado, ha deplorado que, en su "afán privatizador", el Gobierno regional se muestre "tan poco respetuoso con la legislación vigente" y ha llamado la atención sobre las "numerosas" sentencias que le condenan en este último periodo. El sindicato exige al Ejecutivo madrileño la inmediata devolución del Miguel Ángel Blanco al registro de centros públicos y que, en cumplimiento de las sentencias, se anulen todas las acciones conducentes a su privatización.

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, ha considerado que "demuestra que no se puede gobernar de espaldas a las reglas como está haciendo el Gobierno regional". A juicio de Menéndez, este fallo es "una buena noticia para la educación pública y para quienes presentaron la demanda" como lo es "para todos los madrileños". La diputada de IU en la Asamblea de Madrid Eulalia Vaquero también ha celebrado el fallo y ha exigido al Gobierno regional que acate la sentencia y devuelva al centro la titularidad pública.