Todos los partidos apoyaron la ley andaluza de muerte digna

"Todos los seres humanos aspiran a vivir dignamente. (...) Pero la muerte también forma parte de la vida. Una vida digna requiere una muerte digna". Esta reflexión, recogida en el preámbulo de la ley de muerte digna andaluza, resume el espíritu de la norma que aprobó el pasado mes de marzo el Parlamento autónomo con el apoyo de todos los grupos, incluido el PP, que jugó al despiste durante toda la tramitación pero acabó decantándose a favor. Con todo, los populares forzaron que se votaran por separado los tres artículos del texto que le generaban más dudas morales y a los que se opuso.

La ley andaluza no nació tanto para generar nuevos derechos a los enfermos terminales como para ordenar los existentes y fijar las obligaciones de los médicos. El caso de la granadina Inmaculada Echevarría, la mujer que pidió públicamente que le desconectaran del respirador que la mantenía con vida, marcó para el Gobierno andaluz un antes y un después. La secuencia de trabas que tuvo que superar Echevarría, y que le obligaron a exponer en público su agonía durante cuatro meses, hizo ver a la Junta que era necesario aclarar en un único texto legal conceptos y procedimientos que a menudo se confunden. Los fundamentales: muerte digna, eutanasia y suicidio asistido. La norma andaluza solo regula el primero y, dentro de él, apura al máximo los límites que fija el Código Penal.

La Iglesia católica mostró su temor a una ley de eutanasia "encubierta"

Pero aunque la mayoría de los derechos y deberes que recoge el texto ya estaban contemplados en la ley estatal de autonomía del paciente, la norma incluyó también algunas novedades. Por ejemplo, el derecho a recibir sedaciones paliativas, aunque puedan acortar la vida, una práctica recomendada en textos europeos y estatales pero que se elevó por primera vez en España a la categoría de derecho en esta norma, que incluso establece el derecho a recibir estos cuidados a domicilio. La norma garantiza también la cobertura jurídica a los profesionales que atienden a los enfermos terminales, lo que supuestamente debe evitar que se repitan situaciones como las vividas en el hospital de Leganés (Madrid) por la actuación del Gobierno regional de Esperanza Aguirre.

Para redactar el texto, la Junta creó un comité de expertos, que incluía a un sacerdote. En las semanas previas a su aprobación, los obispos andaluces emitieron un comunicado en el que respaldaban la ley al considerarla un paso adelante "en favor de la humanización del proceso de la muerte". Con todo, consideraron que algunos aspectos de la norma eran "ambiguos", y mostraron su preocupación por cuanto pudiera llevar a una "eutanasia encubierta".