El Tribunal de Cuentas investiga la frustrada medalla a Aznar

El Tribunal de Cuentas ha abierto unas diligencias preliminares para determinar si José María Aznar y los demás miembros del Consejo de Ministros incurrieron en responsabilidad contable al aprobar un gasto de 2,3 millones para promocionar la concesión de la medalla de oro del Congreso de EE UU al ex presidente del Gobierno en diciembre de 2003. La denuncia, presentada por la asociación Preeminencia del Derecho y el letrado José Luis Mazón, pide que se aclare la cantidad que efectivamente se pagó a un lobby de Washington para lograr ese objetivo, si la contratación se efectuó cumpliendo la ley, y que, en caso contrario, se obligue a los presuntos responsables a devolver el dinero a las arcas del Estado.

El Consejo de Ministros, en su reunión del 26 de diciembre de 2003, aprobó un gasto de 2,3 millones de euros para los ejercicios 2004 y 2005 cuyo objetivo era contratar los servicios del despacho de abogados estadounidense Piper Rudnick. El objetivo de ese contrato, gestionado por el procedimiento más opaco -el negociado sin publicidad, para el que no es necesario un concurso- por "la imperiosa urgencia" que, según el Gobierno, lo justificaba, era "asistir al Gobierno de España en las relaciones más próximas con Estados Unidos". La decisión no figuraba en la reseña del Consejo de Ministros ni se publicó en el BOE. Pero el mes de enero de 2004 se cargaron las primeras facturas del bufete por gestiones para conseguir la medalla y la asistencia de congresistas y senadores al discurso de Aznar ante ambas Cámaras el 4 de febrero.

Lo que los denunciantes quieren saber es qué parte del gasto aprobado (2,3 millones) se destinó a pagar al lobby, ya que el contrato se suscribió por dos millones. También piden que se investigue si ese acuerdo, suscrito por 20 meses (a razón de 100.000 euros al mes) "se cumplió en su totalidad" o se rescindió tan pronto no fue posible la obtención de la medalla (Aznar perdió las elecciones del 14 de marzo de 2004). "Esta parte entiende que la desviación de fondos públicos para usos particulares, como es la obtención de la medalla para el señor Aznar debe considerarse como una malversación de caudales ya que su aplicación se ha destinado a usos propios", dice la denuncia.

El tribunal ha pedido informes al fiscal y al abogado del Estado para decidir si sigue adelante con la investigación, aún en fase muy incipiente.