Último aviso para 30.000 conductores sin carné

Suponen una porción casi insignificante de los conductores, apenas el 0,12%, pero suman 30.000. Son personas que jamás han pisado una autoescuela, cuyo comportamiento estaba considerado desde hace tres décadas como falta administrativa, pero que ahora podría ser su pasaporte a la cárcel.

A partir del 1 de mayo, el empecinamiento en seguir al volante de estos automovilistas y el de aquellos con suspensiones temporales o definitivas, con permisos no convalidados o con carnés retirados al perder todos los puntos les puede granjear de tres a seis meses de cárcel o una importante multa -que deberá establecer el juez- y trabajos que les obliguen a estar en contacto con las víctimas de accidentes.

Éste es el único punto en el que la reforma del Código Penal en materia de seguridad vial, que hoy aprueba definitivamente el Congreso, admite una moratoria, de casi seis meses. El resto del articulado estará en vigor en sólo unos días, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y eso supone que antes de que finalice el mes serán más duras las penas que castigan los delitos relacionados con los excesos de velocidad y con el consumo de alcohol y drogas al volante. Así, conducir a 110 en ciudad, a 180 en carretera o a 200 en autovía, puede suponer una pena de cárcel de hasta cinco años, y una suspensión del permiso de hasta 10 años. Lo mismo sucede en el caso de los conductores que circulen con una tasa de alcohol de 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre.

Aunque para que se apliquen esas penas máximas ha de existir el agravante de temeridad manifiesta, poner en concreto peligro la vida de las personas y conducir con desprecio a la vida de los demás. Además, la mayoría de las condenas, de menos de dos años y en las que no se hayan producido un accidente o no se produzcan daños personales, serán sustituidas por actividades que tengan que ver con el contacto directo con heridos en accidente de tráfico o las familias de los fallecidos.

El fantasma de la saturación carcelaria se ahuyenta con estas medidas y con la legislación vigente, que establece que un condenado a menos de 24 meses de cárcel no ingresa en prisión si carece de antecedentes penales. El público objetivo de la reforma será, por tanto, los temerarios de la carretera y los reincidentes, tal como recordaron ayer el director de Tráfico, Pere Navarro, y el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, durante la presentación de una completa guía de asistencia a las víctimas de accidentes de tráfico editada por la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes.

El Código Penal también castiga ahora con más dureza la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia o de detección de drogas: hasta un año de prisión. La reforma penal, que afronta hoy su último paso en la Cámara baja -Federico Souvirón aseguró ayer que el PP votará en contra-, también insta al Gobierno a que revise "la señalización y la normativa reguladora de los límites de velocidad".