El Valle de los Caídos tiene registrados 34.000 muertos "en la guerra"
El abad del Valle de los Caídos, Anselmo Álvarez, afirmó ayer que en la abadía existe un registro de 34.000 fallecidos, pero añadió que "todos los que figuran en este registro son muertos y fallecidos durante el periodo de guerra y en acción de guerra". En declaraciones a la Cadena SER, Álvarez afirmó que desconocía el auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y afirmó que una vez que llegue esta solicitud la estudiará "y actuará en consecuencia".
Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por Izquierda Unida y PSOE -uno de los consistorios a los que el juez Baltasar Garzón ha pedido información- tiene localizadas dos fosas comunes en los cementerios de la Salud y de San Rafael. El Ayuntamiento sabe el lugar en el que se encuentran aproximadamente gracias a algunos testimonios orales, como el de un antiguo portero de uno de los camposantos.
Pero no disponen de documentos oficiales en los que se especifique la ubicación exacta o el número de personas que fueron enterradas allí durante la Guerra Civil, según informó ayer Alfonso Igualada, concejal responsable de la empresa municipal de cementerios. Igualada sostuvo que es casi imposible poder facilitar un listado detallado con nombres. Las dos fosas comunes están actualmente bajo varios nichos levantados después de la Guerra Civil.
El informe general elaborado por la Comisión Interministerial de Víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, que creó el propio Gobierno para preparar la Ley de Memoria Histórica, presidida por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguraba que el Ejecutivo carece de un registro de desaparecidos. Aquel trabajo concluía: "Dispersión de enterramientos por toda la geografía de España, cuyo número y ubicación precisos aún se desconocen. Inexistencia de un censo de personas desaparecidas". Y añadía: "El informe del doctor Lorente Acosta, del Instituto de Medicina Legal de Granada, se refiere a una cifra de entre 30.000 y 40.000 personas".
Hasta el momento sólo Andalucía y Cataluña han elaborado mapas de fosas para ayudar a las familias a buscar a las víctimas, como obliga la Ley de la Memoria a todas las Administraciones, es decir, al Estado, las autonomías y los municipios.
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