Varios expertos cuestionan las exigencias de la magistrada

La magistrada Mercedes Alaya y la Junta de Andalucía "están en rumbo de colisión". Es lo que opina el catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid Víctor Moreno Catena, después de analizar el auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

Moreno, uno de los expertos en Derecho Procesal consultados por este diario, cree que no está justificada suficientemente la medida cautelar que ha ordenado la juez (el envío de las actas en un sobre lacrado) antes de decidir si remite el asunto al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo. Previsiblemente, este órgano decidirá si la Junta debe entregar las actas de los Consejos de Gobierno de los últimos 10 años que exige la juez y que la Administración cree que contienen información reservada. Alaya ha exigido que, mientras se decide sobre el fondo de esta cuestión, se depositen las actas en su juzgado para evitar "que pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes".

"Es gravísimo", sostiene Moreno. En su opinión, la juez está infiriendo que "la Junta puede modificar las actas". "Es una imputación indirecta escandalosa", añade este catedrático, para quien en los autos se estaría poniendo en cuestión "el sistema del Estado de derecho".

Cambio de custodia

La catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla Isabel González cree que la "medida cautelar no está suficientemente motivada". González considera que la magistrada no explica en detalle "cuáles son los riesgos" existentes para que se tengan que depositar las actas. En definitiva, según esta catedrática, lo que está proponiendo implícitamente Alaya es un cambio de la custodia de estos documentos, que legalmente recae en el Gobierno andaluz. Y "no está suficientemente motivada la necesidad del cambio de custodia de las actas", insiste.

Juan José González Rus no es tan contundente como sus compañeros, aunque reconoce que el auto "encierra una desconfianza grave". Respecto a si la juez ha justificado suficientemente su decisión, este catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Córdoba recuerda que en el 90% de los autos en los que se dictan medidas cautelares "no hay una descripción minuciosa de los riesgos". González Rus cree que la decisión de Alaya es "proporcional y provisional", con lo que cumple con los requisitos formales. Pero considera que los autos contienen "una presunción de riesgo que puede resultar chocante ya que se centra en el Consejo de Gobierno de la Junta", encargado de custodiar las actas.