De la Vega afirma que la limitación de la justicia internacional no será un retroceso

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que la futura reforma para limitar la aplicación del principio de jurisdicción universal no supondrá ningún retroceso, sino que será una mejora y reafirmará "nuestro compromiso" con ese principio. De la Vega señaló que dicha reforma legal se orientará por el principio de subsidiariedad, que ha sido el que siempre ha mantenido el Tribunal Constitucional y el Supremo, y que el criterio en el que están trabajando los grupos políticos es "la concreción de la regla de conexión con España".

Los grupos parlamentarios de PP, PSOE, CiU y PNV han acordado un amplio paquete de enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial, entre ellas una relativa a la Jurisdicción Universal para que sólo se puedan abrir procesos por genocidio y lesa humanidad en España en el caso de que existan víctimas de nacionalidad española o que sus presuntos responsables se encuentren en territorio español.

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, criticó que PSOE y PP hayan acordado "de tapadillo" y con "oscurantismo" introducir una enmienda que supone poner límites a "la persecución de la vulneración de los derechos humanos". "Es un procedimiento que garantiza la impunidad de la tortura, del genocidio, y que aquellos que no reconocen el Tribunal Penal Internacional no puedan ser perseguidos".