De la Vega asume la responsabilidad de traer a los piratas

El Gobierno concluyó ayer que es imposible que los dos piratas detenidos por la Armada española puedan ser juzgados en Somalia, una hipótesis, ahora descartada, que barajó hace unos días, según fuentes gubernamentales. El curso de este proceso está ahora en manos de los jueces, fiscales y abogados, recalcó ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ante un aluvión de preguntas sobre la polémica gestión del Gobierno del secuestro del atunero Alakrana, Fernández de la Vega asumió, como coordinadora del comité que gestiona la crisis, "toda la responsabilidad en estos momentos tan duros".

Pero además de asumir responsabilidades, se blindó. Al inicio de su intervención, leyó un texto cuya tesis consistía en que "cuando se cumple la ley, no se comete ningún error". Y de esta tesis no se apartó en toda la conferencia de prensa.

Fernández de la Vega amparó su decisión, la detención de los piratas y su traslado a España, en el mandato legal de la Operación Atalanta. Dicha norma "recoge la obligación de detener a las personas que participen en secuestros de buques, y establece que las personas detenidas por actos de piratería en alta mar o en costa sean entregadas para su enjuiciamiento con carácter prioritario a las autoridades del país de bandera del buque, esto es, España", dijo Fernández de la Vega.

Precisó que la Armada detuvo a los piratas y, "por eso, el Gobierno, efectuada la detención, obligada según las leyes españolas y las de la Operación Atalanta, comunicó estas circunstancias a las autoridades judiciales a través del abogado del Estado". Aseguró, a continuación, que los jueces admitieron la competencia, abrieron procedimiento y actúan "sin que nadie haya puesto en duda el cumplimiento de la ley".

Fernández de la Vega aseguró que en "ningún momento se planteó el traslado de los dos piratas detenidos a Kenia".