Velasco ordena detener a miembros de ETA y las FARC que participaron en cursillos de explosivos en Venezuela

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha cursado a Interpol las órdenes internacionales de detención contra los miembros de ETA y de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que, según la investigación que se sigue en su juzgado, participaron en cursillos de explosivos en la selva venezolana bajo el supuesto auspicio de ese país. Entre los procesados por el magistrado -por los cursillos y por planear conjuntamente el asesinato de altos cargos colombianos en España- se encuentra Arturo Cubillas Fontán, alto funcionario en el Gobierno de Hugo Chávez.

Además de Cubillas Fontán, Eloy Velasco ha puesto en busca y captura a José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José María Zaldua Corta, José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio. Entre los miembros de las FARC reclamados se encuentran Víctor Ramón Vargas Salazar, Omar Arturo Zabala, Emiro del Carmen Ropero, Rodrigo Granda y Luciano Martín. El juez les imputa los delitos de tenencia de explosivos, conspiración para cometer asesinatos terroristas, colaboración con organización terrorista y pertenencia a ese tipo de organizaciones, entre otros.

Velasco, además, decidió retrasar la declaración de la supuesta delegada de las FARC en Europa, Remedios García Albert -inicialmente fijada para el 24 de marzo- hasta que su compañero, el juez Baltasar Garzón, decida si se queda con la parte del caso correspondiente a ella, ya que también está encausada en su juzgado. El juez no podrá proceder contra otro de los procesados, el miembro de las FARC Gustavo Navarro Morales, que murió en un enfrentamiento con las fuerzas colombianas en 2006.

En su auto del pasado 24 de febrero, Velasco pidió colaboración al Gobierno español para detener a los procesados en Cuba y Venezuela, pero el Ejecutivo le solicitó el pasado viernes "mayor concreción" en sus peticiones. Lo que el Ejecutivo de Zapatero esperaba del magistrado era una o varias solicitudes concretas de extradición para poder tramitarlas ante Caracas o La Habana -donde tienen su residencia algunos de los procesados- ya que el juez se había limitado a notificar el auto de procesamiento de los etarras y los miembros de las FARC a los ministerios del Interior y Asuntos Exteriores.

Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que la intención del juez al enviar su auto al Gobierno era recabar auxilio diplomático ante la resistencia de Venezuela y Cuba a practicar detenciones de etarras solicitadas desde España. Esas mismas fuentes explican que las órdenes internacionales de detención sólo son el inicio del proceso de entrega a España de los procesados.

Solicitud de extradición

Ahora, Interpol -de la que forman parte Venezuela y Cuba- tendrá que comunicar al juez la detención de los etarras y los miembros de las FARC. Una vez arrestados, el juez deberá solicitar al Gobierno la extradición de cada uno de ellos a España desde los países donde hubieran sido arrestados. En el caso de Venezuela, la extradición debe solicitarse conforme al tratado firmado con ese país en el año 1989. Su artículo 15 establece que la petición de entrega debe ir acompañada de la resolución judicial en la que se recogen los hechos y los delitos que se les imputan.

El auto del juez Velasco del pasado 24 de febrero acusaba a Venezuela de tolerar o auspiciar cursillos de explosivos para etarras y miembros de las FARC en la selva venezolana. La resolución también recogía cómo los procesados de ambas organizaciones terroristas habían planificado que ETA atentara en España contra el ex presidente colombiano Andrés Pastrana, la ex embajadora de ese país en Madrid Noemí Sanín, el ex alcalde de Bogotá Antanas Mockusa y el vicepresidente Francisco Santos.