Whisky en la cárcel a 300 euros

En la cárcel de Palma, tener un móvil liberado costaba 1.500 euros. Por 300, se colaba tras las rejas una botella de agua que en realidad contenía ginebra o vodka. El whisky era transportado camuflado en un recipiente azul y un envase de zumo de manzana contenía a veces manzanilla. Un juez ha considerado probado que presos con importante patrimonio han accedido en prisión a productos de lujo y prohibidos.

La Fiscalía Anticorrupción, tras meses de investigación de la policía y de Instituciones Penitenciarias, acusa de nueve delitos a dos clanes de la cárcel, dirigidos por sendos funcionarios de prisiones -encarcelados desde el pasado sábado-, que conseguían favores con sobornos, traficaban con droga y manipulaban documentos de la prisión de Palma. Era una supuesta mafia que imponía el temor con amenazas y la represión con palizas.

En la cárcel mallorquina funcionaba un mercado negro, cautivo. Durante meses, la alianza de funcionarios y presos de su confianza, organizadas en dos familias enfrentadas, desplegaron varios circuitos de negocio, según datos recabados por la fiscalía. Este poder subterráneo, de tintes violentos, se estableció mediante supuestas coacciones y agresiones graves contra quienes no se avenían a la corrupción o pretendían destaparla.

Cinco funcionarios y seis presos fueron detenidos el pasado día 16 por querer imponer su ley en la cárcel. Nada entre rejas era gratis y los negocios, muy rentables. La fiscalía constata "el importante volumen de la actividad delictiva y el patrimonio generado" por los imputados, que cuentan con "importantes y numerosos recursos económicos y personales".

Las actuaciones judiciales están bajo secreto. La versión recogida procede de testimonios de ex presos, del escrito acusatorio de la Fiscalía Anticorrupción contra uno de los capos presos y de la versión ofrecida por la policía. Los sindicatos exigen la presunción de inocencia y lamentan que se pueda mellar la dignidad de la plantilla. El CSIF defiende la "abnegada entrega y profesionalidad" de los compañeros presos y otros tres más imputados.

Una interna denunció que, hace dos años, abortó tras una presunta agresión de un funcionario imputado. Cuatro meses atrás, la mujer del director del centro penitenciario recibió un aviso macabro, un paquete que contenía un corazón de cerdo, que se asemeja al humano. La advertencia, propia de una novela negra, disparó las alarmas. La investigación de asuntos internos pasó al terreno judicial y policial. Uno de los carceleros, capo de una de las bandas, es considerado el supuesto autor de la siniestra amenaza, que puede ser considerada un atentado contra la autoridad.

Los pinchazos telefónicos desvelaron filtraciones de asuntos turbios e intentos de ventas de exclusivas a medios sensacionalistas. La policía llamó a su investigación Operación K. O., alusión a Antonio Cao, empleado de Instituciones Penitenciarias. Cao fue detenido, declaró dos horas y negó todos los hechos. Su abogado, Fernando Mateas, cuestiona todas las imputaciones. Cao se encuentra preso, aislado para no ser agredido, imputado por una ristra de delitos que le puede reportar 20 años de cárcel.

Mario Fernández, rival y supuesta víctima de Cao, también está encausado y en prisión preventiva. El pasado febrero fue expedientado por mantener relaciones sexuales con un preso en la cárcel. El asunto fue filtrado a un diario. El fiscal le imputa por ello a Cao un delito de revelación de secretos, por "difundir información confidencial que puede perjudicar gravemente a terceras personas".

De los otros tres funcionarios implicados, que están en libertad, uno es el médico de la cárcel, acusado de manipular los análisis de orina para evitar sanciones a internos y que se beneficiaran, o no, de permisos de salida.

Los sobornos mayores se cobraban por "permitir la entrada de objetos prohibidos": uno de ellos, el móvil que usó un implicado en dobles ventas de solares relacionado con el urbanismo salvaje de Andratx.