Zapatero asegura que no conocía los vuelos a Guantánamo con escala en España

"No, por supuesto"- Estas fueron las únicas palabras que pronunció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al ser preguntado este lunes sobre si conocía la utilización de suelo español en los vuelos militares norteamericanos que trasladaban presos desde Afganistán a Guantánamo. De forma deliberada el presidente del Gobierno no quiso hacer más referencias a este delicado asunto hasta que desde los Ministerios de Exteriores y Defensa no le ofrezcan toda la información que esté en su mano, informa Anabel Díez. Tanto Zapatero como Moratinos se encontraban en la reunión que celebra el Consejo del Partido de los Socialistas Europeos. "El Gobierno ha actuado siempre con total transparencia y con la máxima colaboración con la justicia", dijo Moratinos. ¿Tenía constancia el gobierno de los vuelos que se realizaron hasta 2006, es decir, ya en el tiempo de gobierno socialista? No, fue la respuesta de Moratinos que declinó hacer más declaraciones.

En el PSOE se reconoce que el asunto es muy delicado y que aún no tienen toda la información. Si están seguros de que "el anterior gobierno" no ofreció información sobre esta materia, señala la responsable federal del PSOE, Elena Valenciano. No obstante, esta dirigente afirma que el gobierno de Estados Unidos "abusó de la buena fe de la mayoría de los gobiernos de Europa, porque primaba en esos momentos la solidaridad con Estados Unidos tras los terribles atentados del 11 de septiembre". En fuentes socialistas se considera que el convenio especial que existe entre España y Estados Unidos para la utilización de las bases favorece la opacidad, de ahí, la dificultad de conocer de manera fehaciente y de inmediato la existencia de los vuelos.

El PP ha culpado al Gobierno de la filtración de la noticia publicada por EL PAÍS sobre la autorización del Gobierno de José María Aznar a estos vuelos y la búsqueda de "aeropuertos discretos" para ocultarlos a la opinión pública. La secretaria general de los populares, Maria Dolores de Cospedal, ha asegurado que van a pedir la comparecencia del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos para que explique "lo que sabe" y ha eludido cualquier responsabilidad de su partido. "Este asunto no es nuevo, ya salió en las municipales y no le veo tanta importancia", ha añadido.

"Un Gobierno que es fiable no se dedica a hacer filtraciones de asuntos que afectan a la seguridad nacional", ha afirmado Cospedal. "Ya se ha debatido en el Parlamento Europeo y se vuelve a retomar ahora porque el Gobierno quiere hablar de otras cosas y no de lo que pasa en España que es el aumento del paro", ha asegurado la dirigente del PP. Preguntada por si ha hablado con Federico Trillo, miembro importante de la dirección y ministro de Defensa cuando sucedieron los hechos en 2002, Cospedal lo ha negado y ha evitado aceptar responsabilidades.

Santamaría "desconoce" los informes

Preocupada por "el presente" y "el futuro", la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha negado en una entrevista en la Cadena Ser conocer los informes. "Desconozco ese informe y en qué términos está redactado", ha afirmado Sáenz de Santamaría. "Sólo conozco un informe de la Comisión Europea que dice que se han cometido una serie de viajes con el Gobierno de Zapatero en la legislatura pasada".

En línea con lo afirmado por Cospedal, la portavoz popular ha sugerido que este tipo de informaciones salen siempre para ocultar otros problemas, como en este caso la crisis económica. "Hay mucho interés en que siga esa sombra -sobre la guerra de Irak- en determinados momentos; cuando el asunto se les pone feo, se recurre al mismo tema", ha indicado. "Antes de anticipar cuestiones ha de saberse la veracidad", ha insistido.

IU critica la opacidad del Gobierno

IU- ICV ha presentado este lunes en el Congreso una petición de comparecencia de los ministros de Exteriores y Defensa para que expliquen los informes. El diputado de IU Gaspar Llamazares censura la actitud del ejecutivo del PP cuando sucedieron los hechos, pero también el desconocimiento argumentado por el actual Gobierno sobre lo ocurrido.

IU ha presentado una documentación secreta del Ministerio de Exteriores, que, según esta formación, confirma la "opacidad" con la que el Gobierno ha gestionado los datos sobre las autorizaciones de los vuelos. Se trata de dos faxes secretos y una nota interior, fechadas en los días 26, 27 y 30 de noviembre de 2007, en los que el secretario general de Política de Defensa, Luis Cuesta, ordena que no se facilite información sobre las autorizaciones de los vuelos de Estados Unidos.

Llamazares cree que Aznar podría haber sido "cómplice de supuestos delitos de detención ilegal, secuestro y tortura". La paradoja, según el diputado de IU es que Aznar no será juzgado por su decisión de participar en la guerra de Irak, pero sí puede serlo por un asunto accesorio como la destrucción de documentos, como le ocurrió a Al Capone, a quien no se le acusó por sus actividades delictivas, sino por evasión fiscal.

La Comisión de Exteriores dará a conocer próximamente el nombre de los miembros de la comisión de investigación -que ya ha quedado constiutida- para ir al fondo", ha afirmado esta mañana Moratinos, quien ha insistido en que el Ejecutivo quiere plena transparencia y colaboración con la justicia para esclarecer los hechos.

Bases "discretas"

De acuerdo con estos documentos, el vicealmirante Manuel Calvo, presidente del Comité Permanente Hispano-Nortemericano, propuso tras ser consultado en junio de 2002 sobre la petición de EE UU para que los aviones que trasladaban a presos hicieran escala en España, que éstas se hicieran en la base de Morón, próxima a Sevilla, por ser la "más discreta".

Se siguió así la recomendación, según consta en el informe, del director general de Política Exterior para América del Norte, Miguel Aguirre de Cárcer, partidario de utilizar aeropuertos militares en lugar e civiles". Aguirre de Cárcer se había reunido en enero con el consejero político militar de la Embajada de EE UU en España, quien le pidió la autorización del Gobierno para poder realizar escalas en caso de que fuera necesario en territorio español.