Zapatero culpa a Rouco y a García-Gasco

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló ayer, con nombre y apellidos, a los dos prelados que considera responsables de los ataques lanzados contra su Gobierno durante la concentración "en defensa de la familia" celebrada en Madrid el 30 de diciembre: los arzobispos de Madrid, Antonio María Rouco Varela, y de Valencia, Agustín García-Gasco.

"Nadie puede imponer la fe, la moral y las costumbres. Lo que cuenta es el respeto a las leyes, que es el ADN de la democracia". Esta advertencia fue pronunciada en tono distendido por el presidente durante la recepción de la Pascua Militar. La frase es casi idéntica a otra del pasado día 2. La novedad es que en esta ocasión tenía destinatarios concretos.

Zapatero mostró su "absoluta discrepancia" con las manifestaciones que realizaron Rouco Varela y García-Gascó en la concentración del 30 de diciembre. En aquel acto, ambos prelados identificaron la legislación sobre el divorcio, el aborto y el matrimonio homosexual con la disolución de la democracia.

Además de responsabilizarles de esas posiciones, el presidente exoneró de ellas al presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, quien pidió el jueves a los sacerdotes que no culparan de sus dificultades a "derechas o izquierdas".

Zapatero calificó de "sensato" el pronunciamiento del líder de los obispos, y lo interpretó como un tirón de orejas a los sectores más radicales de la jerarquía eclesiástica. "Afortunadamente, hay un pensamiento plural en la Iglesia", argumentó.

Sin embargo, ayer mismo el secretario de la Conferencia Episcopal que preside Blázquez, Juan Martínez Camino, identificado con los sectores más conservadores, publicó en El Mundo un artículo en el que acusó a la legislación del Gobierno de "no reconocer ni proteger el matrimonio" y reclamó una "respuesta proporcionada" ante un desafío de "grueso calibre".

Dado que no considera "oficial" la posición de los conservadores Rouco y García Gascó, Zapatero no tiene problemas para comprometerse a "mantener la relación con el Vaticano y con la Conferencia Episcopal, dentro del respeto a la discrepancia". "Cuando no estamos de acuerdo en una cosa, lo decimos con toda contundencia y firmeza, porque es un deber de un Gobierno democrático", dijo.

También confirmó que el programa socialista no abordará la revisión del Concordato o de la financiación de la Iglesia, en respuesta a los ataques. Precisamente ayer, el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, anunció que pedirá a la vicepresidenta primera del Gobierno que llame a consultas al embajador del Vaticano por ese asunto.

El presidente recalcó que su Gobierno tiene unos principios "muy claros" en "la salvaguarda de la aconfesionalidad del Estado, la supremacía de las leyes democráticas y la extensión máxima de los derechos individuales". Defendió la ampliación de derechos que ha protagonizado su Gobierno, con su extensión al matrimonio homosexual, y la vinculó al avance que ha experimentado España desde hace 30 años.