Zapatero envía a Alonso al Congreso
El presidente nombra portavoz parlamentario al hasta ahora ministro de Defensa para que negocie con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial
Se resistió, pero cedió ante la demanda política y personal de su amigo, el presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero. José Antonio Alonso, ministro de Defensa en funciones, juez de profesión, entró al mediodía de ayer en el despacho de Zapatero con el convencimiento de que saldría del mismo con el encargo de asumir la portavocía del Grupo Parlamentario Socialista. Y así fue.
En las horas previas, en varias conversaciones telefónicas con Zapatero, Alonso le había mostrado su resistencia a asumir un puesto con cuyo traje cree que estará cómodo. Pero, tras escuchar dos horas al presidente, aceptó uno de los puestos más complicados políticamente. Su primera misión será el desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, ambos varados por la negativa del PP en la anterior legislatura a negociar con el PSOE una nueva composición que hubiera hecho perder a los populares la mayoría que lograron cuando estaban en el Gobierno.
Aunque el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, mantendrá la cartera en el nuevo Gobierno, no llevará las negociaciones sobre el CGPJ con el PP: éstas corresponderán a Alonso, acompañado del que será secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Ramón Jáuregui. Zapatero, en su encuentro con Alonso, no sólo le insistió en la prioridad de la renovación de los órganos constitucionales, sino en la importancia que otorga al Parlamento.
Lo cierto es que no es nada nuevo que sea la dirección del Grupo Parlamentario Socialista y no el ministro quien se encargue de la negociación para renovar los órganos constitucionales. Todo lo contrario: la tradición siempre ha sido ésa. Pero quedará claro que tampoco en esta ocasión el Gobierno intervendrá, al menos directamente, porque el PP siempre mostró un profundo rechazo a dialogar con Fernández Bermejo. Éste tampoco se arredró y plantó cara a los populares desde el primer minuto de su nombramiento.
El objetivo actual del Gobierno es intentar que la crispación y la bronca continua con el PP se mitiguen o desaparezcan, y no quiere dar motivos a los populares para que, de entrada, cierren la puerta a cualquier negociación.
El talante de José Antonio Alonso le hace más que idóneo para comenzar una etapa "de diálogo y consenso", como explicó ayer el secretario de Organización del PSOE, José Blanco. Es verdad que el puesto de portavoz parlamentario abarca una multiplicidad de tareas y quizá en alguna de ellas el todavía titular de Defensa cree que no se sentirá especialmente cómodo. El portavoz parlamentario del PSOE tiene que negociar constantemente las leyes, los proyectos y cada decisión que se toma en la Cámara. También le corresponde ser la cara de los socialistas de manera cotidiana, en simultaneidad con Blanco.
En palabras de un miembro del PSOE, el portavoz del grupo ejerce todos los días del año y sólo descansa cuando entra en escena la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Aunque la imagen de solidez, seriedad y solvencia que le confieren en la dirección del PSOE son cualidades de Alonso que se quieren destacar, se reconoce que el nombramiento del socialista vasco Ramón Jáuregui está pensado como complemento. Jáuregui, hasta ahora portavoz de la Comisión Constitucional del Congreso, con un largo currículo en el País Vasco, en la Ejecutiva Federal del PSOE y en el Parlamento, tiene acreditadas sus dotes oratorias y su preparación para la labor legislativa. Junto a ellos, serán nombrados portavoces adjuntos la gaditana Carmen Sánchez, que repite en la dirección del grupo; Daniel Fernández, hasta ahora portavoz de los diputados socialistas de Cataluña; y la asturiana Mariví Monteserín.
Zapatero comenzó la Ejecutiva de ayer con el agradecimiento a todos los salientes, ya que las direcciones del grupo socialista, tanto en el Senado como en el Congreso, se renuevan en su totalidad. Antes de la reunión, el líder del PSOE se citó con Diego López Garrido para anunciarle que será secretario de Estado para la UE.
En el Senado ocupará la portavocía Carmen Silva, senadora por Pontevedra, acompañada en la Secretaría General por Ruth Porta y los adjuntos Antonio Gutiérrez, Ascensión Murillo y José Miguel Camacho. El portavoz saliente del Senado, Joan Lerma, conoció el nombre de su sucesora de boca de Blanco. Éste negociará a partir de hoy con los grupos parlamentarios la composición de las mesas del Congreso y del Senado y explorará sus intenciones sobre la investidura de Zapatero.
José Bono es el candidato del PSOE a la Presidencia del Congreso. Como vicepresidenta primera, la socialista catalana Teresa Cunillera, y como secretarios Javier Barrero y Marisol Pérez. En el Senado, Zapatero vuelve a proponer como presidente a Javier Rojo, como vicepresidente al catalán Isidre Molas y como secretaria a la valenciana Carmen Alborch.
La Ejecutiva del PSOE aprobó por unanimidad todas estas propuestas, aunque el ex presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, llamó la atención sobre la circunstancia de que Alonso no sea militante del PSOE. Zapatero le respondió que éste no había podido serlo en sus años de juez por incompatiblidad legal, aunque no aclaró si ahora se afiliará.
Recambio urgente para 24 cargos
Veinticuatro cargos de dos de las más altas instituciones del Estado esperan su renovación tras meses de bloqueo por parte del PP. La más urgente es la del Consejo General del Poder Judicial, cuyos 18 miembros (tres salieron del órgano sin ser sustituidos) se encuentran en funciones desde noviembre de 2006. El nuevo portavoz socialista, José Antonio Alonso, vocal de ese órgano hasta su entrada en el Gobierno en 2004, puede tenerlo más fácil que su antecesor, Diego López Garrido, a la hora de negociar con el partido liderado por Mariano Rajoy.La nueva composición del Congreso tras el 9-M ha reducido la representación parlamentaria de ERC e IU, que podrían quedarse sin grupo parlamentario y, por tanto, sin los vocales que el PSOE estaba dispuesto a concederles antes de las elecciones. El reparto de los 20 vocales podría asignar nueve a cada uno de los partidos mayoritarios, lo que daría al sector conservador minoría de bloqueo para las principales designaciones de jueces, que necesitan un quórum de tres quintos en el CGPJ. Los dos restantes serían para el resto de grupos (CiU y PNV).Mucho más compleja se presenta la sustitución de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato concluyó en diciembre. Tres conservadores -el vicepresidente Guillermo Jiménez, Jorge Rodríguez-Zapata y Vicente Conde Martín de Hijas- y una progresista -María Emilia Casas, la actual presidenta- tendrían que dejar paso a dos magistrados propuestos por el PSOE y otros dos por el PP, con los que el sector progresista pasaría a ser mayoritario.Dos obstáculos podrían retrasar el recambio. El primero, el nuevo sistema de elección de magistrados en el Senado con propuesta de las comunidades, que ha sido recurrido por el PP y cuya sentencia podría tardar meses. El segundo es otro recurso, el del Estatuto catalán: la actual composición del tribunal -seis a cinco para los conservadores gracias a la recusación de Pablo Pérez-Tremps- favorece a ese partido.
