Zapatero fuerza a Corbacho a rectificar su cerrojazo a la inmigración

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, tuvo ayer un mal día desde que despertó. Estaba citado a las ocho de la mañana en Moncloa para asistir a la reunión de la Comisión Delegada de Inmigración, que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega creó hace varios años para responder a la llegada masiva de pateras a Canarias. En esa cita, previa al Consejo de Ministros y en la que están representantes de los ministerios de Exteriores, Interior y Trabajo, Corbacho recibió el reproche de la vicepresidenta del Gobierno. De la Vega le reconvino: "No hay que decir esa frase", señaló para referirse a la declaración del pasado miércoles en la que Corbacho anunció que la contratación de inmigrantes en sus países de origen debía "aproximarse a cero".

La drástica restricción cuadraba mal con la política de inmigración del Gobierno de favorecer cauces legales para que los extranjeros pudieran trabajar en España y evitar así la inmigración irregular. A esa política habían dedicado todos sus esfuerzos los representantes de la diplomacia española en países latinoamericanos y africanos.

Corbacho explicó en el encuentro que su declaración del miércoles tan sólo intentaba poner de manifiesto que en época de crisis económica, por las propias leyes de la oferta y la demanda, iba a provocar una reducción de las contrataciones en origen. Tras la reunión de la Comisión Delegada y del Consejo de Ministros, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega declaró ante los periodistas que el anuncio de Corbacho carecía de sentido y que el Gobierno iba a mantener su política de favorecer las contrataciones de extranjeros en sus países de origen.

El aluvión de críticas a Corbacho por parte de partidos políticos, sindicatos y asociaciones de inmigrantes había sorprendido y preocupado al Gobierno, que no esperaba ese nivel de reacción. Lo que Corbacho buscaba con sus declaraciones era hacer una llamada de atención a determinadas grandes empresas que, a su juicio, estaban abusando del procedimiento de la contratación de inmigrantes en origen. Fue el argumento que empleó Corbacho como justificación ante Fernández de la Vega.

Pero, evidentemente, se le fue la mano, dado el escándalo que se montó el jueves. Y, por ello, la vicepresidenta advirtió a Corbacho a primera hora de la mañana de ayer de que iba a desautorizar sus declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cosa que hizo.

No obstante, la vicepresidenta primera no quiso hacer sangre y evitó responder directamente a la pregunta sobre si sus declaraciones desautorizaban a Corbacho. "La política de inmigración de este Gobierno no ha cambiado y el año que viene se realizarán las contrataciones en origen que se necesiten", dijo la número dos del Ejecutivo. Y recalcó: "Esa contratación en origen la hemos analizado y la hemos acordado con esos países con los que existen convenios bilaterales y con nuestros agentes sociales. Ha resultado útil y eficaz. En definitiva, mantenemos exactamente la misma política de inmigración".

Tres horas después de la rectificación gubernamental era el propio Corbacho el que intervenía en la cadena SER para rectificar su declaración del miércoles. El ministro admitió que su reflexión sobre la limitación de contratar extranjeros en origen había provocado "inquietud" y añadió: "Algo debí decir mal, pues nunca uno es perfecto a la hora de explicarse". De modo más concreto, reconoció que no debía haber utilizado la expresión "se aproximará a cero" sobre la contratación de inmigrantes en origen, y precisó que se refería sólo a alguna especialidad del catálogo de ocupaciones.

El ministro de Trabajo e Inmigración repitió la posición que tres horas antes había expuesto la vicepresidenta primera. Defendió la contratación de extranjeros en sus países de origen "siempre que haga falta y siempre que las personas que están en paro en España hayan tenido la oportunidad, sin distinción de origen, de acceder a las pocas o muchas ofertas de trabajo".

Y Corbacho aquí introdujo otra rectificación, esta vez dirigida al portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, que el jueves explicó que la preferencia la tendrían "los españoles", sin especificar, como hizo ayer Corbacho, que "no todos los parados residentes en España son españoles".