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La ofensiva terrorista

Zapatero impulsará un pacto antiterrorista abierto a todas las fuerzas democráticas

Luis R. Aizpeolea

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, impulsará la recuperación de un acuerdo contra el terrorismo, en este caso abierto a todas las fuerzas políticas, tras la ruptura del alto el fuego permanente de ETA y, con ella, del proceso de fin dialogado del terrorismo.

El objetivo de ese pacto es buscar un nuevo marco parlamentario en el que apoyar la acción antiterrorista del Gobierno ante la situación creada, en la que la persecución policial y judicial de ETA será la prioridad. En el terreno político, el Ejecutivo buscará el aislamiento de Batasuna -frente a la predisposición anterior al diálogo- si persiste en no condenar el terrorismo, con el objetivo de que reaccione el electorado de la izquierda abertzale.

El ministro del Interior declara que el proceso para el fin dialogado de ETA está roto y que es insalvable
El presidente del Ejecutivo recibió ayer el apoyo solidario del presidente de la República francesa, Jacques Chirac
El Gobierno pretende contar con un marco de apoyo parlamentario en la nueva etapa en la lucha antiterrorista
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Zapatero -que ayer recibió el apoyo solidario del presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, tras el atentado- ha encargado al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, los primeros pasos para lograr esa meta. Con ese objetivo, el ministro ha convocado a todos los partidos democráticos, sin excepción, a una reunión para el martes y el miércoles de la próxima semana en el Congreso. Rubalcaba informará a los partidos, les escuchará y tratará de conseguir una propuesta conjunta.

El Gobierno ha dispuesto, en el proceso de final dialogado del terrorismo, de un instrumento de apoyo, la resolución parlamentaria de mayo de 2005, inspirada en el Pacto de Ajuria Enea, de 1988, y que vinculaba el diálogo del Ejecutivo con ETA a la voluntad inequívoca de cesar la violencia por parte de la banda terrorista. Dicha resolución parlamentaria contó con el apoyo de todos los partidos, a excepción del PP.

Dicho instrumento ha caducado tras el atentado de ETA del sábado en Madrid. Ayer, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, confirmó que el proceso de fin dialogado del terrorismo está "roto" y es "insalvable". Rubalcaba citó dos instrumentos aún vigentes: el Pacto Antiterrorista y la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

La Comisión de Secretos Oficiales del Congreso ha sido básicamente un órgano de los grupos parlamentarios que los Gobiernos han utilizado para determinadas informaciones en momentos muy sensibles.

El otro órgano vigente, el Pacto Antiterrorista lo acordaron el PP y el PSOE en diciembre de 2000 en plena ofensiva de ETA, tras la ruptura de la tregua indefinida de la banda terrorista, en noviembre de 1999, cuando gobernaba José María Aznar. Fue un pacto exclusivo entre los dos partidos mayoritarios españoles porque, en aquel momento, el PNV, dirigido por Xabier Arzalluz, mantenía el Pacto de Lizarra, con el resto de los partidos nacionalistas vascos, incluida Batasuna, y con la exclusión de los partidos no nacionalistas.

El Pacto Antiterrorista, en su preámbulo, exige al PNV para incorporarse a la unidad democrática una condición que ya no existe: la salida del hoy inexistente Pacto de Lizarra.

Las circunstancias políticas han cambiado desde que se suscribió el Pacto Antiterrorista a hoy. El PNV, bajo la nueva dirección de Josu Jon Imaz, no está dispuesto a obtener réditos políticos de la violencia y declara que "primero es la paz y después la política".

Durante el proceso de fin dialogado de la violencia el PNV ha participado, junto con los demás partidos, a excepción del PP, en el consenso que se logró con la resolución parlamentaria de mayo de 2005.

Además, Zapatero y el Gobierno socialista consideran que el PNV es fundamental, en este momento, en la alianza de los partidos democráticos para forzar una reacción del electorado de la izquierda abertzale en contra del terrorismo. Más aún cuando en Euskadi existe ahora el riesgo de que se rompa la unidad democrática contra el terrorismo ya que un sector del nacionalismo pretende mantener relaciones con Batasuna, pese a que la formación ilegalizada no condenó el atentado mortal de ETA en Madrid.

De ahí que Zapatero y el Gobierno socialista aboguen por una fórmula amplia de unidad de los partidos contra el terrorismo y consideren insuficiente el Pacto Antiterrorista, del que su articulado, a juicio del Ejecutivo, debe seguir vigente en cuestiones como el apoyo a la acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado; el compromiso de que el fin de la violencia no debe tener precio político; el principio que establece que la dirección de la lucha antiterrorista la debe dirigir el Gobierno y la no utilización del terrorismo como arma partidaria. El ministro del Interior insistió ayer en que su pretensión es que entren en dicho acuerdo todos los partidos, incluido el PP.

Otra cuestión que el Gobierno quiere someter a los grupos parlamentarios es si, tras esta experiencia fallida de proceso de fin dialogado de la violencia, será posible otra más adelante si se diesen las condiciones que se han dado en este proceso o tendrían que plantearse unas nuevas. Preguntado ayer sobre la posibilidad de que más adelante pudiera haber otro proceso, Rubalcaba respondió lacónicamente: "No se me alcanza".

El Gobierno pondrá en la mesa todas estas cuestiones y escuchará, asimismo, las iniciativas de todos los grupos en relación con un nuevo acuerdo de unidad democrática ante la nueva situación creada tras el atentado etarra en Madrid.

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